El Gobierno de España ha firmado en el Consejo Europeo el documento de conclusiones que señala que «acelerar el despliegue y la integración de fuentes de energía renovables y bajas en carbono», así como de sistemas de almacenamiento de energía, «es fundamental para reducir la dependencia de los volátiles mercados de combustibles fósiles y mejorar la seguridad del suministro». Energía «baja en carbono» es como se denomina habitualmente en Bruselas a la energía nuclear. Mientras Pedro Sánchez ha firmado este documento en Bruselas, en España sigue apostando por cerrar las siete centrales de energía nuclear que operan en el país, la primera en 2027, la de Almaraz (Cáceres).
La conclusión firmada por Sánchez en Europa para acelerar la nuclear, recogida en la parte relativa a Precios energéticos asequibles y la Unión de la Energía 2030 -punto 38 de las conclusiones del Consejo Europeo, como se ve en la imagen-, contrasta una vez más con lo que luego el Gobierno hace en España.
La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la carta que envió Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, a todos los gobiernos pidiendo que se apostara por la nuclear, se quedaba con la parte de la carta en la que Von der Leyen pedía garantizar el suministro.
Y que, en esa estrategia de garantizar el suministro, el Gobierno de España apostaba por «seguir desarrollando las energías renovables». «El sol y el aire no se pueden bloquear en el estrecho de Ormuz», dijo, en referencia al cierre del estrecho por Irán y las consecuencias en el precio del petróleo y el gas.
Pero esa frase del martes quedó relegada el jueves de madrugada en el Consejo Europeo y el Gobierno firmó el documento de conclusiones en el que se incluye «acelerar» el desarrollo de las renovables y la nuclear para rebajar la dependencia del gas.
Porque, mientras, en España sigue el proceso para cerrar las centrales nucleares. Primero, la de Almaraz el año próximo. Enresa, organismo público encargado de los cierres, ha adjudicado ya el contrato de 27 millones de euros para el diseño del cierre de la central, pese a que las energéticas han solicitado formalmente su ampliación hasta 2030.
La pelota está en el tejado del Gobierno, que espera el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el impacto de ampliar la vida útil de Almaraz hasta 2030 para tomar una decisión.
Pero para aceptar el cambio sobre el cierre de Almaraz, el Gobierno ya advirtió que tendría que ser sin que la ampliación de la nuclear supusiera un incremento de la factura de la luz para los contribuyentes. Las energéticas ya tomaron nota y renunciaron a la rebaja de impuestos a la nuclear que también habían solicitado, ya que aseguran que las centrales con las tasas actuales dan pérdidas.
