Omisiones en aplicar auditorías de ley a entidades que reciben recursos del Estado o en divulgar los resultados han mantenido inexplicablemente fuera de la luz durante años para el debido escrutinio ciudadano la forma en que la mayoría de los partidos políticos ha usado gruesos recursos del Erario que la ley les reserva y así poder certificar o negar transparencia. Un vacío de vigilancia sobre asignaciones que la previsión constitucional de la separación y autonomía de los poderes y entes fiscalizadores debería evitar a toda costa, lo que se logra con cierta regularidad cada vez que los senadores y diputados demuestran fehacientemente que no siempre siguen pautas del Ejecutivo y que han estado decididos a aplicar criterios propios. Verbigracia: los pareceres presidenciales a favor de las tres causales que despenalizarían la interrupción del embarazo en limitados casos no han vencido un sistemático rechazo legislativo.
