El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) dispuso el cierre definitivo del Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines, ubicado en Santiago, tras determinar múltiples violaciones a la normativa sanitaria que comprometían la seguridad de los pacientes.
La medida fue adoptada mediante la Resolución núm. 0006-2026, firmada por el ministro Víctor Atallah, luego de una solicitud de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, que documentó irregularidades persistentes en el funcionamiento del centro.
De acuerdo con el expediente, el establecimiento había sido clausurado de manera temporal en marzo de 2025 por un período de 45 días, con el objetivo de corregir fallas detectadas en su infraestructura, en los procedimientos quirúrgicos y en el cumplimiento de los requisitos mínimos de habilitación. Sin embargo, dichas deficiencias nunca fueron subsanadas.
Las autoridades establecieron que, pese a la orden de cierre, el centro continuó operando al margen de la ley, realizando procedimientos sin autorización. Esta situación quedó evidenciada tras el fallecimiento de la joven Ángela Geraldine Hernández Rodríguez, de 32 años, ocurrido el 26 de marzo de 2026, cuando el establecimiento no estaba habilitado para practicar cirugías.
El informe oficial también detalla que la clínica incurrió en ampliación de su cartera de servicios sin aprobación, así como en modificaciones estructurales que no correspondían con los planos autorizados, lo que constituye una violación directa a la Ley General de Salud y a las normas regulatorias vigentes.
Además, este centro había sido previamente denunciado en el programa de investigación N Investiga, donde se reveló la realización de supuestos cursos de “miniresidencia” en cirugía estética con duración de apenas cinco días, en los que se utilizaban pacientes reales para prácticas, generando preocupación en el sector médico por los riesgos implicados.
Las autoridades concluyeron que el establecimiento incurrió en faltas graves y reiteradas, operando de manera clandestina y poniendo en peligro la vida de las personas, lo que motivó la aplicación de la clausura definitiva conforme a la Ley 42-01 de Salud.
Con esta decisión, el Ministerio de Salud Pública busca evitar que se repitan hechos similares y reforzar la supervisión de los centros de salud privados, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la seguridad en procedimientos estéticos en el país.
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