El pasado 3 de enero, en una operación militar que duró aproximadamente dos horas y 20 minutos, Donald Trump logró en Venezuela lo que Vladimir Putin no ha conseguido en más de cuatros años de guerra en Ucrania.
Desde el punto de vista geopolítico, y de un solo golpe, el país volvió a quedar ubicado en la esfera de influencia de la potencia del norte, de manera similar (aunque no en las mismas condiciones) a lo ocurrido entre diciembre de 1908 y enero de 1999. Si en el siglo XX fue una decisión voluntaria de los gobernantes de turno, en esta ocasión se trata de una imposición o, más bien, la consecuencia de una derrota estratégica. Desde ese día Venezuela es un país intervenido desde Washington.
Una pista de sus intenciones las dio Trump el 20 de enero de 2025; en sus primeras palabras como presidente reelecto cuando no citó a Thomas Jefferson o Abraham Lincoln sino a William McKinley, el antecesor en el cargo que inauguró el imperialismo estadounidense en el Caribe.
Con todos los elementos podemos concluir que su obsesión con Groenlandia, Canadá y Panamá no son solamente un capricho, responden a una política. Hace tres días, su secretario de Guerra, Pete Hegseth, la enunció en la denominada estrategia “Gran América del Norte” que redefine el perímetro de seguridad estadounidense, abarcando desde Groenlandia y Alaska hasta Guyana, incluyendo a todos los países y territorios suramericanos al norte de la línea ecuatorial.
Ese ámbito incluye, por supuesto a Venezuela, siendo el secretario de Estado, Marco Rubio, el arquitecto de la política y el encargado de que la situación creada desde el 3 de enero en el país sea irreversible.
Eso fue lo que cambió para Venezuela y, como se podrá apreciar, no es un cambio menor.
Régimen autoritario tutelado
En cuanto a los venezolanos, desde ese día pasaron de tener un régimen autoritario tutelado por Rusia, Irán y Cuba, a tener un régimen autoritario tutelado por Estados Unidos. Por lo menos, hasta nuevo aviso.
Aunque se trata del mismo régimen (en ajuste y mutación de su personal), no sería riguroso decir que procede de la misma manera. El aparato de represión sigue en pie, pero el ambiente de terrorismo de Estado que se le impuso a la sociedad los 18 meses previos a la operación “Resolución Absoluta” ha cesado.
No obstante, el importante proceso de excarcelación que ha incluido a dirigentes opositores, la ONG Foro Penal registra que todavía quedan 490 presos por razones políticas (445 hombres y 45 mujeres, de los cuales 303 son civiles, 187 militares, y 44 extranjeros). Además, hay 11 mil personas que siguen sujetas a medidas restrictivas de libertad, y los exiliados aún no pueden regresar con seguridad al país.
Los partidos opositores judicializados o cuyos registros fueron cancelados, siguen en la misma situación, aunque ahora sus dirigentes se animan a declarar públicamente. La sociedad civil, gremios, sindicatos, estudiantes y academias, emiten comunicados, proponen, exigen y convocan manifestaciones en las calles. Todavía de manera algo tímida, pero creciente.
Pero si ese es el claroscuro de la política, en cambio, para los venezolanos (los que viven en el país) en poco o en nada ha cambiado la vida cotidiana concreta, más allá de las expectativas generadas.
En ese sentido, el de Delcy Rodríguez sigue siendo, hasta este momento, un gobierno de maquillaje más que de reformas profundas. Exactamente lo mismo que en la etapa final del mandato de Nicolás Maduro.
Contraste
El viajero que por estos días recale en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, suba por la autopista hacia Caracas y recorra las principales vías de la ciudad, podrá apreciar la limpieza e iluminación de las vías públicas. Si se detiene en algún establecimiento comercial, de las zonas más acomodadas de la urbe, podrá encontrarlo bien surtido de productos y se tendrá que preguntar: ¿Dónde está la crisis humanitaria compleja de la que por tantos años se ha hablado? Al venezolano que emigró en los peores años de la crisis, el contraste le resulta chocante.
Pero si ese mismo viajero se queda suficientes días en la ciudad, rápidamente notará los frecuentes cortes en el suministro de agua potable y electricidad que alteran la vida cotidiana (inusuales en cualquier sociedad medianamente moderna), pero, probablemente, no capte las maromas a las que recurren los venezolanos constantemente a fin de lidiar con la implacable subida diaria de precios.
Si sale de Caracas, el llamado efecto burbuja desaparece al ser la situación del resto del país mucho más precaria.
Por ejemplo, la ciudad Cumaná lleva más de un mes sin suministro de agua potable como consecuencia del derrumbe de parte del túnel de trasvase del sistema Turimiquire. La situación afecta a dos estados orientales (Nueva Esparta y Sucre), lo que ha provocado protestas.
Este no es un acontecimiento aislado, sino parte del agudo deterioro de los servicios básicos luego de dos décadas de descuido en mantenimiento, desinversión y desprofesionalización.
Un síntoma recurrente de esta situación ocurrió el pasado 20 de marzo, cuando varios estados del occidente (Zulia, Falcón, Mérida, Trujillo, Barinas y Lara) se quedaron sin servicio eléctrico durante varias horas. En respuesta el gobierno de Rodríguez ha presentado un nuevo plan de ahorro de 45 días.
Pero esto tampoco es novedad; la crisis eléctrica ha sido persistente desde 2009. Expertos e ingenieros vinculados al sector, así como las compañías petroleras estadounidenses que Trump anima a invertir en el país, estiman que estabilizar el sistema requerirá una inversión de entre 15 mil y 40 mil millones de dólares por los próximos años.
La misma estrategia
Hace pocos días, como parte de la “nueva situación”, el Banco Central (BCV) se permitió publicar luego de varios años sus cifras oficiales, una de las cuales indica que solo en el pasado mes de febrero la tasa de inflación fue de dos dígitos, la acumulada en lo que va del año de 51,9%, y la anualizada en más de 600%. En cualquier parte del mundo esos números constituirán una catástrofe, y en Venezuela, y para los venezolanos, lo son.
Sin embargo, este cuadro tampoco no es nuevo. Es lo mismo que se ha visto desde 2021, cuando Maduro decidió, compelido por las circunstancias, olvidarse del legado de su antecesor y padre político, aceptando una liberación parcial de la economía, la dolarización de facto y estableció una relación amable con los empresarios que lograron sobrevivir a la debacle nacional.
Esto permitió superar la desoladora escasez de alimentos, medicinas, repuestos y demás insumos, mientras una durísima restricción monetaria apagó el incendio hiperinflacionario. Pero hasta allí. Una dosis de neoliberalismo, cambiando algunas cosas a fin de que todo siguiera igual. Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez fueron protagonistas de ese cambio y, en lo fundamental, mantienen la misma estrategia, solo que ahora con el respaldo de Estados Unidos, y el levantamiento progresivo de las sanciones.
De modo que, a noventa días de la extracción de Maduro, los venezolanos sienten que todo sigue igual, porque efectivamente es así. La presidenta encargada no ha tomado o anunciado medidas para domar el monstruo inflacionario, ni ha presentado un equipo de gobierno altamente calificado que genere confianza. Solo se han constatado cambios dentro del juego de tronos que se desarrolla puertas adentro del chavismo.
De modo que a tres meses vista sí ha ocurrido un cambio dramático para Venezuela. Pero para los venezolanos, ese cambio para mejor, por lo visto, tendrá que esperar.
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