El Congreso de la República aprobó por insistencia la autógrafa de los proyectos de ley 3864, 4786, 8911 y otros, que dispone el incremento de pensiones de hasta S/3.500,70 para maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial (CPM). La norma había sido observada previamente por el Poder Ejecutivo.
La medida fue aprobada con 82 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, y busca garantizar el pago de estas asignaciones en favor de la protección y seguridad social de los docentes retirados del país.
Beneficiarios y alcance de la ley
De acuerdo con la propuesta, los beneficiarios serán los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial, quienes recibirán una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial. El objetivo es asegurar un ingreso adecuado que cubra sus necesidades básicas y les permita un nivel de vida digno.
El alcance del estatuto incluye a docentes de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los decretos ley 19990 y 20530, la Ley 29944, así como a afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). El monto será establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu).
La finalidad es garantizar que los maestros jubilados y cesantes obtengan una prestación adecuada que les permita cubrir sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida digno.
La sustentación del dictamen estuvo a cargo de la vicepresidenta de la Comisión de Economía, Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), quien destacó el rol de los docentes en la formación de más de seis millones de estudiantes.
SUTEP exige financiamiento
En declaraciones a La República, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, saludó la aprobación de la medida, pero advirtió que su implementación dependerá de que el Estado garantice su subvención.
"Si no se asegura el presupuesto para esta ley, estamos hablando de una norma que nace muerta", señaló, al remarcar que la preocupación del magisterio es que el Congreso y el Poder Ejecutivo garanticen los recursos necesarios para su aplicación efectiva.
Castro cuestionó que no todas las disposiciones aprobadas cuenten con respaldo presupuestal inmediato, y citó como ejemplo el proyecto de pensiones para policías y militares equivalente al 100% de sus ingresos. También mencionó la bonificación del 30% por preparación de clases, que —según indicó— aún presenta dificultades en su cumplimiento.
"De lo contrario, sería demagogia, engaño, burla", afirmó, al insistir en que toda regla que reconoce derechos debe estar acompañada de recursos que garanticen su ejecución. En esa línea, anunció que el SUTEP convocará a una asamblea nacional para definir acciones de presión y exigir el cumplimiento del financiamiento de la ley.
