El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que promulgará la autógrafa de ley que reconoce el pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores bajo el régimen CAS, tras reunirse con representantes de este grupo en Palacio de Gobierno.Durante el encuentro, el mandatario recogió las principales demandas laborales de los servidores públicos contratados bajo el Decreto Legislativo 1057 y reiteró su compromiso de oficializar la norma, que les otorgará gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una equivalente a una remuneración mensual."El mandatario expresó su compromiso de promulgar la autógrafa de ley que reconoce gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores CAS", se informó en la cuenta de X de la Presidencia del Perú. La ley mencionada incorpora el derecho a la CTS, que será calculada sobre el 100% del sueldo por cada año de servicios y se pagará al término del vínculo laboral con la entidad pública.Desde el Ejecutivo, Balcázar precisó que el reglamento de la norma incluirá disposiciones adicionales para asegurar su correcta implementación y, especialmente, su financiamiento.Se promulga pese a advertencias del MEFLa norma, aprobada por el Congreso, implica un impacto significativo en las cuentas públicas. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el costo anual de otorgar estos beneficios superaría los S/ 2,800 millones.Si bien el texto legal establece que el financiamiento se realizará mediante modificaciones presupuestarias internas —sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público—, el propio MEF ha advertido que, en la práctica, la medida presionaría el gasto fiscal.Este punto ha generado cuestionamientos desde el Consejo Fiscal y el Ejecutivo, debido a las restricciones constitucionales que limitan al Congreso en la creación o incremento del gasto público.Cambios en el régimen CASLa ley también introduce ajustes en la estructura del régimen CAS, estableciendo distintos tipos de contratos —indeterminados, temporales y de confianza— y precisando sus condiciones de duración.Con esta reforma, el Estado busca reducir brechas laborales entre regímenes públicos y mejorar las condiciones de cerca de 350 mil trabajadores CAS, aunque el debate se mantiene sobre su sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
