Este lunes , alrededor de las 10:00 de la mañana, El Partido de la Liberación Dominicana comparecio ante el país para fijar una posición clara sobre la situación ambiental que atraviesa la República Dominicana. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales observando con preocupación una tendencia en la gestión pública que pone en riesgo la protección de ecosistemas estratégicos y debilita el rol de la institucionalidad ambiental.
Recientemente las autoridades anunciaron procesar más de 6,500 autorizaciones ambientales promovidas como un indicador de eficiencia administrativa. Sin embargo, en materia ambiental la eficiencia no puede medirse por la cantidad de permisos emitidos.
El propósito del Sistema de Evaluación Ambiental establecido por la Ley 64-00 es garantizar que los proyectos de desarrollo se realicen dentro de límites ecológicos sostenibles, mediante evaluaciones rigurosas, fiscalización permanente y cumplimiento efectivo de las medidas de mitigación.
Cuando la gestión ambiental se reduce a la tramitación acelerada de permisos, el riesgo es evidente: el Estado pierde capacidad de regulación y los ecosistemas quedan expuestos a presiones crecientes. El problema, por tanto, no es la existencia de permisos y licencias. El problema es la ausencia de seguimiento, control y autoridad ambiental efectiva.
Diversos casos recientes han generado dudas razonables sobre la fortaleza del sistema de fiscalización ambiental.
Los daños a humedales y manglares asociados a un proyecto inmobiliario en Las Terrenas, así como la instalación de barcazas en zonas ambientalmente sensibles en Los Negros de Azua, plantean interrogantes legítimas sobre la aplicación rigurosa de la normativa ambiental y erosionan la confianza pública en las instituciones encargadas de su protección.
La preocupación no surge únicamente de percepciones políticas o sociales. El Informe GEO República Dominicana 2024, elaborado con acompañamiento internacional, advierte que el crecimiento económico del país ha estado acompañado de una presión creciente sobre los recursos naturales, deterioro de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.
El propio informe reconoce que una parte importante del territorio nacional enfrenta altos niveles de vulnerabilidad climática, lo que exige fortalecer las políticas de adaptación, protección de cuencas hidrográficas y conservación de áreas protegidas.
En esa misma línea, incluso desde espacios de reflexión social en el reciente Sermón de las Siete Palabras del Viernes Santo, en su sexta palabra se abordó el deterioro ambiental del país, señalando la deforestación, la contaminación y el incumplimiento de la legislación ambiental.
Es en este contexto que se ha producido un incremento visible de movilizaciones sociales en defensa del medio ambiente. En diversas regiones del país las comunidades han tenido que asumir un rol que corresponde al Estado.
En Cotuí, la población ha salido a las calles reclamando acciones frente a la contaminación de la presa de Hatillo, una infraestructura con capacidad de almacenamiento de 700 millones de metros cúbicos de agua, clave para el abastecimiento y la seguridad hídrica nacional.
En la región del Cibao, sectores sociales y ambientales han expresado su preocupación ante permisos para exploración minera en la Cordillera Septentrional, un sistema montañoso que alberga importantes fuentes de agua y ecosistemas de alto valor ecológico.
En San Juan de la Maguana, comunidades rurales han manifestado su rechazo a la posibilidad de actividades de minería metálica en zonas cercanas a fuentes hídricas.
En Valle Nuevo, uno de los parques nacionales más importantes del país por su función en la regulación hídrica, aún se espera el cumplimiento efectivo de disposiciones adoptadas para la recuperación de áreas intervenidas.
En Los Haitises, una de las reservas de biodiversidad más relevantes del Caribe, persisten actividades de tumba y quema, lo que evidencia debilidades en el control territorial y en la sostenibilidad de las intervenciones realizadas.
En el Parque Nacional Jaragua emergen preocupaciones sobre proyectos anunciados sin que hasta el momento se haya presentado públicamente una evaluación ambiental integral que permita sustentar su viabilidad.
La ausencia de una respuesta institucional coherente agrava los problemas ambientales, debilita la gobernanza de los recursos naturales y genera incertidumbre en las comunidades.
Lo que estamos presenciando no responde a hechos aislados, sino a un modelo de gestión que ha priorizado la tramitación de permisos sobre la planificación territorial, la prevención de impactos y la fiscalización efectiva.
Frente a esta situación, es imprescindible abrir una discusión nacional sobre el rumbo de la política ambiental, fortaleciendo la fiscalización, la protección de las fuentes de agua y el cumplimiento de la normativa vigente.
La República Dominicana no puede seguir por un camino donde desarrollo y protección ambiental se perciban como incompatibles. Desde el Partido de la Liberación Dominicana reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los recursos naturales y una política ambiental sostenible.
El país necesita claridad en el rumbo, coherencia en las decisiones y una autoridad ambiental capaz de proteger, con firmeza y responsabilidad, el patrimonio natural que pertenece a todos los dominicanos.
