Luego de casi 10 años de tramitación en el Congreso, este jueves 2 de abril comenzará a regir la reforma notarial y registral que implicará la modernización más importante en un oficio que existe hace más de un siglo.
Uno de los cambios más relevantes es que todo el proceso de nombramientos, tal como ya lo había solicitado el pleno de la Corte Suprema, se sacó del Poder Judicial. Esto quiere decir que las cortes de apelaciones ya no participarán más de la confección de las ternas.
De hecho, hace meses que la División Judicial no cursa ningún concurso. Si bien el despacho del Ministerio de Justicia está lleno de ternas para designar a nuevos auxiliares de la administración de justicia, el exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC) y el actual titular de la cartera Fernando Rabat no han dado luz verde a ninguno de esos listados. El objetivo, cuentan fuentes de Justicia, era justamente esperar al inicio de la reforma para traspasar todo este tema hacia el Servicio Civil.
Este hito romperá de inmediato con el vínculo espurio que se había tejido con las cortes de apelaciones y terminará con la endogamia del sistema, porque además se exigirá considerar la experiencia de los postulantes más allá de lo que hayan trabajado en notarías o conservadores.
“La norma encomendó al Consejo de Alta Dirección Pública y al Servicio Civil la tarea de ser el actor técnico que entrega el apoyo operativo para llevar a cabo los procesos concursales que establece la ley. Este es un reconocimiento a la experiencia y alto estándar técnico que ha mostrado esta institución en sus más de 20 años de existencia”, afirma el director nacional del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza.
Desde la entidad explican que según la reforma. ahora será “el Ministerio de Justicia la institución responsable de definir los perfiles específicos de los cargos, en base a los lineamientos establecidos por el Consejo de Alta Dirección Pública”. Según las proyecciones, la carga será entre 75 a 100 concursos el primer año.
Si bien el jefe de la División Judicial, Patricio Cuevas, lleva semanas abocado a este tema, desde el Servicio Civil aclaran que “hasta el momento no se han enviado perfiles ni solicitudes de convocatorias”.
El nuevo proceso establece que la Dirección Nacional del Servicio Civil llevará a cabo las convocatorias, conforme a los perfiles definidos por el Ministerio de Justicia y a las bases elaboradas según los lineamientos del Consejo de Alta Dirección Pública.
Los interesados podrán postular a través de la plataforma web del Servicio Civil y luego deberán rendir una evaluación de conocimientos, cuyas preguntas han sido elaboradas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y otra, de habilidades y destrezas, que quedará a cargo de una agencia externa.
Con los resultados de esas evaluaciones se generará una nómina, donde se ordenará a los postulantes por estricto orden decreciente de puntaje.
La nómina con el puntaje final obtenido por cada candidato deberá ser publicada en el sitio web del Ministerio de Justicia. Posteriormente, el Consejo de Alta Dirección Pública remitirá al Presidente de la República los antecedentes académicos y profesionales de la terna, integrada por los tres puntajes más altos del ranking, para que se proceda al nombramiento.
Luego de eso, el Presidente deberá escoger un nombre y si no lo hace dentro de los 20 días hábiles siguientes, se entenderá escogido el postulante que tuvo el mejor puntaje. Excepcionalmente, si el número uno se encuentra en el 10% del máximo puntaje de la escala de evaluación, y quienes le sigan se encuentren bajo el 80%, ese candidato será seleccionado de manera automática.
El requisito para postular es tener título de abogado por al menos cinco años y no estar sujetos a inhabilidades e incompatibilidades indicadas en la normativa vigente. Este es un elemento clave de esta nueva etapa, ya que gracias a la reforma no podrán aspirar al cargo de notarios, archiveros y conservadores los parientes de una larga lista de autoridades, entre ellos jueces, diputados y senadores. Según datos de la Fundación América Transparente de 2021, el 40% de los notarios tiene parientes en el Parlamento o en el Poder Judicial.
La reforma contempla este traspaso al Servicio Civil, pero creando un sistema distinto al de Alta Dirección Pública, por eso será más barato, ya que no contempla la fase de entrevistas. Para hacerse cargo de los concursos notariales se asignó un presupuesto de $ 558 millones. “Su ejecución dependerá del número de convocatorias y del número de postulantes que participen en cada uno de ellos”, aclaran desde el Servicio Civil.
Poder Judicial se prepara
Desde la Asociación de Notarios y Conservadores están expectantes a los efectos de la reforma. “La asociación siempre ha sido partidaria de modernizar el sistema y que en el proceso de nombramientos impere la meritocracia y se reduzcan al máximo los espacios de discrecionalidad”, afirma el vicepresidente del gremio, Alfredo Martin.
Martin agrega que está por verse si el traspaso al Servicio Civil significará que ahora “la meritocracia está por encima de cualquier otra circunstancia”. Pese a eso, el gremio tiene una mirada crítica de la reforma: “Lamentamos que el eje central no haya sido el fortalecimiento de la fe pública, sino más bien aspectos de fiscalización y cumplimiento de normas, pero valoramos la incorporación de un estándar tecnológico para todos los oficios de notarios y conservadores”.
Quienes también están atentos al inicio de la reforma es el Poder Judicial. De hecho, este miércoles se hizo una ceremonia en el salón de honor de la Corte Suprema en la que la presidenta, Gloria Ana Chevesich, y el fiscal judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro, se refirieron a los efectos de la nueva normativa. Al acto asistieron, presencial o virtualmente, los fiscales judiciales del país, quienes ahora tendrán a su cargo la fiscalización de todos los oficios de las distintas jurisdicciones del país, algo que podrán ejercer incluso en coordinación con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
