
Parte II. Necesarias Políticas Publicas y Sistémicas
En la Parte I del presente artículo publicado en este mismo medio en fecha anterior, llegué a la conclusión de que no era aconsejable replicar una muy particular y atípica operación de compra de acciones realizada a una gran empresa fabril y comercial desde las Administradoras de Fondos de Pensiones, en una cuantía mayoritaria del patrimonio (un 70%) y a su vez entregar 100% de la administración a los antiguos propietarios. Además, concluía en el artículo, que esa misma objeción aplicaría a operaciones en la que la condición patrimonial fuese de minoritarios, dadas las limitaciones estructurales existentes todavía en el mercado de rentas variables de la República Dominicana.
Dicho esto, y reconociendo que hemos tenido 23 años de operaciones de las AFP, un crecimiento continuo de los fondos administrados, y haber contado con instrumentos de renta fija de bajo costo de administración, disponibles y de fácil colocación, además de retornos nominales aceptables, tenemos ya la certeza de que para año 2032, la tasa media de remplazo de los salarios de los trabajadores pensionados no sobrepasará el 30%, lo dista del óptimo 70% y del mínimo 40% de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por consiguiente, revertir esta tendencia obliga a enfoques y decisiones de políticas públicas y sistémicas que modifiquen los problemas estructurales, y que coadyuven a incrementar las expectativas para lograr una mayor tasa de reemplazo en el régimen contributivo.
Conociendo el contexto en que nuestro sistema ha avanzado, los factores técnicos que condicionan dicha tasa, adquieren mayor relevancia.
Conforme a estudios del caso dominicano, la presión negativa se muestra en casi todos los factores estructurales de manera simultánea. Lo que nos lleva a otra premisa, ninguna reforma aislada será suficiente. Se requiere de una reforma sistémica y gradual, que actúe en paralelo sobre la formalización del trabajo, el nivel de cotización, la rentabilidad de los fondos y sobre un pilar solidario.
Revisemos los factores en tres grandes bloques: demográficos, estructurales del mercado y financieros actuariales. Empecemos con algunos (no todos) de los dos primeros grupos, ya que así avanzamos de manera más expedita.
La densidad de cotización es probablemente el factor más determinante. Se define como la proporción del tiempo laboralmente activo en que el trabajador efectivamente cotiza para su AFP. En economías tan informales en términos laborales, como la nuestra, la densidad promedio es estructuralmente baja (estimada entre 40–55%), lo que reduce drásticamente el capital acumulado. Debe lograrse elevar los periodos de permanencia de nuestros afiliados en sus puestos de trabajo formales. Esto de logra, entre otros, con incentivos al empleador y acciones directas sobre el mercado laboral la creación constante de nuevos puestos.
Por otra parte, la edad de retiro versus la esperanza de vida, indica que, a mayor brecha entre la edad de jubilación y la esperanza de vida, mayor es el período de pago de la pensión, lo que diluye el capital acumulado. En nuestro país la esperanza de vida al nacer supera los 74 años, mientras que la edad legal de retiro es 60 años (Art. 72 ley 87-01).
El nivel y la progresión salarial. El salario base de cotización determina el volumen de los aportes. En el sistema previsional contributivo del SDSS, la existencia de un techo salarial cotizable (20 salarios mínimos) limita los aportes de los trabajadores de ingresos altos, pero la baja base salarial promedio afecta a la mayoría. El impuesto al salario debe ser eliminado o reducido a cero en un plazo no mayor a 5 años, afecta al consumo y eleva la justa presión de clase trabajadora.
Informalidad laboral. Con tasas de informalidad superiores al 55% de la PEA, una gran proporción de los trabajadores está excluida del sistema contributivo o tiene participación intermitente, fragmentando el historial de cotizaciones, por tanto, a la densidad de cotización su incorporación y permanencia en el sistema, elevaría los fondos de manera significativa.
Brecha de género. Las mujeres presentan trayectorias laborales más interrumpidas (cuidados del embarazo, maternidad y otros), menores salarios cotizables y mayor esperanza de vida, lo que produce sistemáticamente tasas de reemplazo inferiores a las de los hombres.
Los factores financieros y actuariales. La tasa de aporte aplicada al salario o tasa de cotización efectiva hoy, que aplica para el SDSS es del 8.40% del salario cotizable distribuido para la cuenta de capitalización individual. Esta tasa es significativamente inferior al promedio latinoamericano de referencia (15%). Elevarla en un 1% sostenida en el tiempo, podrá representar hasta un 12% más en la tasa de reemplazo.
Rentabilidad real de los fondos (TIR). Hay que reconocer que la rentabilidad neta que obtienen las AFP sobre los fondos acumulados podría mejorar. La fórmula del capital acumulado responde a:
C = Σ [aporte_t × (1 + r)^(T-t)]
Donde r es la tasa real de rendimiento. Lograr un incremento de 1 punto porcentual sostenida en 30 años puede podría modificar el capital final en un porcentaje de aproximadamente 23.50%. Solo con variar la tasa de rendimiento, de un 9.00% a un 10%, y sostenerla. Al cierre del año 2025 la tasa de política monetaria (TPM) del BCRD era de 5.25% (ratificada en febrero 2026) mientras que la tasa promedio pondrá de todos los fondos invertidos fue 7.90%, desde la óptica del cotizante, un spread de solo 2.65%. En nuestro sistema, la supervisión bancaria y la propia SIPEN, no muestran mucha preocupación por esa realidad.
El rendimiento nominal logrado por los bancos comerciales, es significativo, con tasas activas superiores, al 14%, mientras captan de las AFP a 7.90% promedio, por tanto, logrando un spread de 6.10%.
Comisiones y los costos administrativos. Las AFP cobran comisiones sobre el flujo de fondos de las cotizaciones, lo que reduce el capital neto acumulado. En RD, las comisiones fueron revisadas recientemente por la ley 13-20 lo que no viabiliza llevar de a debate ese factor. Pero obviamente que, a mayor sean estas, la presión negativa es mayor, en lo que a su impacto corresponde
Tablas de mortalidad y factor actuarial de conversión. La conversión del capital acumulado en renta mensual vitalicia depende de las tablas de mortalidad vigentes. A mayor esperanza de vida proyectada, menor será la pensión mensual para un mismo capital acumulado. Este factor es técnicamente:
Pensión = Capital / ä(x); donde ä(x) es el valor actuarial de una anualidad vitalicia a edad x.
Políticas Pública y Sistémicas.
Obviamente que, el discurrir sobre estas líneas, nos conduce a ¿qué hacer? ¡Lo cual urge debido a que algunas medidas requieren consenso para introducirlas en la ley, y señales de sus buenos resultados deben mostrarse para el año 2032!
La modificación de la Ley 87-01 a partir de mayo próximo, es la mejor oportunidad que tenemos más a la mano. Por tanto, plantear algunas resulta oportuno.
Pilar 1. Reformas al sistema contributivo (AFP)
Incrementar la tasa de cotización para el sistema de capitalización individual del 8.40% hacia el 13–15% de forma gradual. Esto aumentaría el flujo de aportes directamente, la negociación con las patronales es fundamental es este punto. Ampliar el techo salarial cotizable incorpora más masa salarial al sistema. Algunos analistas sostienen que, por cada 1 punto porcentual, se logra un 12% en mayor tasa de reemplazo.
Reducir comisiones de las AFP vía competencia o regulación de tope, aumentaría el capital neto acumulado disponible. Sin embargo, su reciente revisión por la ley 13-20, haría muy escabroso avanzar en ese sentido. Por lo que es razonable considerar su revisión, solo luego de demostrar los efectos beneficiosos de las demás medidas
Mejorar la rentabilidad diversificando el portafolio de inversiones (incluyendo activos externos). Elevaría la TIR de los fondos. Requiere reformas regulatorias, que apunten a topes referenciados a la Tasa de Política Monetaria del Banco Central.
Postergar la edad de retiro a 65 años de forma escalonada. Reduce el factor actuarial ä(x) y aumenta años de acumulación. En esto no habría mucha resistencia política. La esperanza de vida del dominicano ha mejorado, por varios factores, en el sector formal, la seguridad social en salud es un factor.
Pilar 2. Disminuir la informalidad laboral y mejorar de la densidad de cotización
Formalización laboral progresiva: incentivos fiscales a empleadores que regularicen trabajadores, simplificación de registros en la DGII/TSS/Ministerio de Trabajo, y premiando la implementación de parte de las empresas, las políticas de creación de empleos.
Cotización para trabajadores independientes con esquemas contributivos flexibles (cotización sobre ingresos presuntos o declarados), algo parcialmente contemplado, pero poco desarrollado en la Ley 87-01.
Portabilidad y reconocimiento de períodos cotizados en el exterior de la diáspora dominicana, mediante convenios con la de seguridad social de EE.UU, España, Canadá y otras naciones etc.
Incentivos a la cotización voluntaria adicional mediante deducibilidad fiscal de aportes complementarios.
Pilar 3. Fortalecer del componente solidario desde el estado.
Establecer de manera paralela, un Régimen Mixto, financiamiento con ingresos fiscales para trabajadores que no alcancen una pensión mínima contributiva del 40% como línea piso (OIT), esto en adición del componente solidario administrado desde AFP Reservas. Este garantizaría un beneficio complementario para todos los cotizantes del régimen contributivo. El régimen seria únicamente responsabilidad de la AFP Pública, con aportes fiscales, previamente identificados.
Indexación anual de la pensión mínima con el IPC para preservar su poder adquisitivo real.
Pensión básica universal para mayores de 70 años sin cobertura, financiada por renta general (modelo similar al programa Adulto Mayor ya existente, pero institucionalizado y escalado).
Pilar 4. Reformas institucionales y de gobernanza sistémica.
Fortalecer a la SIPEN con una mayor capacidad de supervisión actuarial, tecnológica y sancionatoria.
Transparencia y educación financiera: sistemas de proyección individual de pensión en tiempo real para que los afiliados tomen decisiones informadas sobre aportes voluntarios y edad de retiro.
Actualizar las tablas de mortalidad: actualización actuarial periódica (cada 5 años) que refleje la realidad demográfica dominicana y no tablas importadas inadecuadas.
Gobierno corporativo de las AFP: fortalecer la regulación de conflictos de interés y la rendición de cuentas sobre el desempeño de los fondos.
Por: Fernando Caamaño. Economista.
La entrada Parte II: Una oportuna advertencia, y necesarias políticas públicas: Sistema Previsional se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).


