La ONG de derechos humanos Surgentes denunció que la Ley de Amnistía, aprobada el 19 de febrero por la Asamblea Nacional, resulta excluyente e insuficiente, pese a representar un avance parcial en la liberación de personas procesadas por motivos políticos.
En un comunicado emitido este 20 de febrero, Surgentes —colectivo dirigido por figuras como Antonio González Plessmann— detalló cinco críticas principales a la norma, promulgada de inmediato por la presidenta encargada Delcy Rodríguez con el objetivo declarado de fomentar la paz social y la convivencia democrática.
La organización señaló que la ley deja fuera a trabajadores, campesinos, personas acusadas de incitación al odio y a más de 200 civiles y militares procesados por delitos violentos o de rebelión. Destacó específicamente más de 200 trabajadores judicializados desde 2015 por reclamos laborales, críticas al gobierno, denuncias de corrupción o como «chivos expiatorios en un contexto de políticas pro-capital y flexibilización laboral».
Igual exclusión afecta a al menos medio centenar de campesinos perseguidos por defender el derecho a la tierra ante alianzas estatales con latifundistas. Surgentes enfatizó que estos sectores representan defensores de derechos humanos de los populares, y que la norma también omite a personas criminalizadas por opiniones fuera de los hechos taxativos del artículo 8.
Otro punto crítico es la discrecionalidad en la aplicación: la Comisión de Seguimiento creada carece de participación social, pese a las exigencias de familiares y ONG por una instancia plural y de verificación.
Delcy Rodríguez asignó funciones similares al Programa de Convivencia y Paz y a la Comisión de Revolución Judicial, lo que genera mayor arbitrariedad.
Surgentes reprochó que la ley «no reconoce el contexto represivo estructural que causó más de 11.000 detenciones arbitrarias en la última década» .
«La arquitectura represiva —leyes facilitadoras, mandos responsables y grupos parapoliciales— permanece intacta, aunque la represión haya disminuido recientemente. Exigió derogar normas represivas, remover responsables, colocar mandos civiles en las policías y retomar el modelo de Reforma Policial», agregan.
La norma tampoco abre vías a la reparación integral de daños: rechazó propuestas para aclarar que la amnistía no implica reconocimiento de delito ni impide reclamos por violaciones durante detenciones o procesos.
Aun con estos déficits, Surgentes calificó la ley como una victoria parcial de familiares y organizaciones que persistieron en movilizaciones pese al terror estatal, lo que, a su juicio, «permite aliviar el sufrimiento de centenares de beneficiarios que pronto exigirán libertad plena».
El colectivo anunció que acompañará a afectados ante tribunales, monitoreará la implementación y empujará una agenda amplia de derechos humanos para reconstitucionalizar, redemocratizar y renacionalizar el conflicto político.
La denuncia de Surgentes se suma a críticas similares de otras ONG como Foro Penal, Provea y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que alertan sobre exclusiones, falta de transparencia y necesidad de reformas estructurales para evitar la no repetición.
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