Quince organizaciones de la sociedad civil venezolana consignaron un pronunciamiento público en el que advierten que el Proyecto de Ley Orgánica de Minas, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, representa una “grave amenaza” para el ambiente, los derechos humanos y los pueblos indígenas de la Amazonía y el Escudo Guayanés.
El documento, titulado “El Proyecto de Ley Orgánica de Minas institucionaliza el ecocidio y el blanqueo del ‘Oro de Sangre’ en Venezuela”, fue firmado por ONG como SOS Orinoco, Provea, Clima21, AC Chunikai, Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Civilis, Fundación Aguaclara, Fundación Ecovita, Fundación Hoffmann Salud Integral, Fundación Memoria Colectiva, Ivacea, Movimiento SER, Fundaredes, Laboratorio de Desarrollo Humano, Red de DDHH en Acción y la Universidad Autónoma Indígena.
Las organizaciones denuncian que la norma, lejos de regular la actividad minera, otorga un “barniz de legalidad” al saqueo que ya se produce en la región.
Entre los principales cuestionamientos destacan:
- Ausencia de estudios de impacto ambiental obligatorios: Aunque se mencionan, no son requisito indispensable para otorgar concesiones. La ley se limita a una responsabilidad posterior al daño, sin enfoque preventivo, sin garantías financieras de restauración, sin regulación de residuos y sin monitoreo independiente ni acceso público a la información.
- Opacidad y discrecionalidad absoluta: Los artículos 4, 10, 11 y 17 otorgan al Ejecutivo Nacional poderes ilimitados para declarar “minerales estratégicos”, otorgar títulos y fiscalizar, bajo criterios de confidencialidad que impiden el escrutinio ciudadano.
- Vulneración de derechos indígenas: No reconoce el derecho a la demarcación territorial ni el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), estándar internacional obligatorio. Solo habla de “previa información y consulta”.
- Militarización formalizada: Crea el “Resguardo Nacional Minero” bajo control de la Guardia Nacional Bolivariana, una medida que, según las ONG, históricamente ha estado asociada a violaciones de derechos humanos, corrupción y “gobernanzas híbridas”.
- Falsa etiqueta de “ecológica”: Rechazan el concepto de “Desarrollo Minero Ecológico” del artículo 8, al que califican de “científicamente insostenible” porque la minería de oro es “intrínsecamente destructiva”.
Además, alertan que la ley no protege todas las figuras de áreas naturales (solo excluye parques nacionales y monumentos naturales, pero deja expuestas reservas de biosfera, zonas protectoras y reservas forestales).
El pronunciamiento exige a la Asamblea Nacional suspender inmediatamente la discusión y incorporar al menos siete medidas mínimas:
- Transparencia total en autorizaciones y operaciones.
- Obligatoriedad expresa de Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural (art. 129 de la Constitución).
- Mecanismos robustos de control, monitoreo y aseguramiento ambiental.
- Marco de derechos humanos con beneficios equitativos para comunidades indígenas.
- Uso de la fuerza pública solo en los términos constitucionales.
- Estándares estrictos de seguridad industrial y laboral con inspección pública.
- Planes urgentes de remediación y reparación de daños.
“El oro de Venezuela no vale la vida de nuestros ríos, selvas y comunidades”, concluye el texto.
Contexto parlamentario
El jueves pasado, la Asamblea Nacional leyó solo 12 de los 130 artículos del proyecto y aplazó la segunda discusión a petición del diputado Orlando Camacho (Movimiento Somos Venezuela), quien argumentó la necesidad de “escuchar a más ciudadanos”.
La norma busca abrir el sector minero a la inversión privada y extranjera, en un momento en que Estados Unidos ha expresado interés explícito en el oro venezolano.
Las 15 organizaciones hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional: “Los cambios legislativos venezolanos solo tendrán sentido si se dan dentro de un proceso de profundo respeto por la Constitución y la amplia normativa ambiental ya existente, así como un retorno a la democracia y el fortalecimiento de las instituciones”.
El pronunciamiento completo está disponible en la página web de Provea y en las redes de las organizaciones firmantes.
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