Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Hay momentos en los que el país habla por sí solo, y esta Semana Santa 2026 ha sido uno de ellos.
Mientras desde gobierno se insistía en un despliegue “histórico” de agentes, lo que se vivió en las calles era otra cosa: carreteras colapsadas sin respuesta oportuna, zonas turísticas desbordadas, patrullaje insuficiente en puntos críticos y una ciudadanía enfrentando, una vez más, la sensación de desprotección y atropello. Ese contraste no es casual, es el resultado de un modelo agotado.
Se nos ha querido vender la idea de que más agentes equivale a más seguridad, pero la realidad demostró en esta ocasión que el problema nunca ha sido únicamente la cantidad. El problema es la ausencia de estrategia, de control territorial y de supervisión real.
Durante este operativo se habló de 38 mil agentes en todo el territorio nacional, que debieron estar distribuidos en tres turnos y concentrados en las principales provincias y corredores de mayor flujo. Sin embargo, los resultados no reflejaron esa capacidad anunciada, las carreteras no tuvieron control efectivo, los taponamientos no recibieron respuesta oportuna y la presencia en puntos críticos fue claramente insuficiente.
Cuando se dispone de esa magnitud de recursos humanos y económicos y no se logra garantizar orden en los principales ejes viales del país, el problema no es de personal, pero hay un elemento que agrava más esta situación: no son capaces de ponerse de acuerdo entre sí.
El Ministerio de Interior y Policía informó una cantidad de agentes, posteriormente, el presidente de la República comunicó otra cifra, atribuida al director de la Policía Nacional y más adelante, se difundió un número distinto, aún mayor.
Cuando tres niveles del Estado presentan cifras distintas sobre un mismo operativo, lo que se pone en evidencia no es solo un problema de comunicación, sino una debilidad estructural en la gestión de la seguridad. La seguridad no puede construirse sobre números que cambian según quien los anuncia y cuando la cifra es incierta, también lo es la capacidad real de respuesta.
A esto se suma una falla crítica en la cadena de mando. La falta de claridad en la transmisión de instrucciones hacia los mandos subordinados que generó una ejecución desigual, desordenada y, en muchos casos, contradictoria. Y es que cuando las directrices no bajan de forma precisa, lo que ocurre en el territorio no es ejecución, es interpretación.
De ahí se explican muchas de las situaciones observadas: cierres indebidos de negocios, actuaciones desproporcionadas, decisiones mal aplicadas y posteriores rectificaciones. La norma deja de ser norma cuando depende de quién la interpreta.
En ese contexto, también se evidenciaron actuaciones que reflejan abuso de autoridad y un manejo inadecuado de la respuesta operativa. El uso de la fuerza, en varios casos, no guardó la proporcionalidad requerida, generando tensiones innecesarias con la ciudadanía. La seguridad no se impone con arbitrariedades; se ejerce con criterio.
Más preocupante aún es que algunas de las medidas aplicadas desbordaron el marco de los derechos constitucionales. Restricciones sin claridad normativa, actuaciones desiguales y decisiones que afectan la propiedad privada, la libertad de reunión o la expresión cultural, todo esto coloca en tensión los principios esenciales del Estado democrático y de derecho.
Lo ocurrido durante esta semana santa, es una señal clara de que, por primera vez, debemos pensar que el modelo necesita ser revisado, si con un despliegue de 38 mil agentes, el país cerró la Semana Santa 2026 con la misma cantidad de fallecidos que en 2024, queda claro que el problema no es de cantidad, sino, la forma en que se está haciendo seguridad.
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