Al menos 14 funcionarios del Ministerio de la Mujer fueron desvinculados en un proceso marcado por el bloqueo de accesos, notificaciones vía carta certificada y ausencia de comunicación directa con sus jefaturas, afectando incluso a equipos clave de la Ley de Violencia de Género. Los despidos se produjeron en paralelo a la llegada de la abogada Paula Figueroa, quien trabajó con la exalcadesa Cathy Barriga, a la jefatura jurídica de la cartera, en medio de cuestionamientos por el criterio de las decisiones adoptadas.
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