La reforma laboral quedó a un paso de convertirse en ley. Javier Milei logró que uno de los proyectos centrales de su agenda avance a un ritmo inusual: primero obtuvo la aprobación en el Senado; fue votado en la madrugada del viernes en Diputados con modificaciones y pocas horas despues salió el dictamen de mayoría en la Cámara Alta. Ahora se encamina a la sanción definitiva el próximo viernes.
El trámite fue vertiginoso. En sesiones extraordinarias y en apenas un mes, el oficialismo consiguió ordenar una mayoría que parecía esquiva. En la Casa Rosada lo presentan como un éxito de la capacidad negociadora de Diego Santilli y de la flexibilidad que mostró la mesa política del Gobierno, integrada por Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem. La prueba más concreta, subrayan, es que los gobernadores aportaron 24 votos clave para garantizar el avance del proyecto.
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Fue, en ese contexto, una semana casi perfecta para el Presidente. A la dinámica parlamentaria se sumaron señales políticas y económicas que el oficialismo leyó como favorables. Milei recibió elogios de Donald Trump en la reunión del Consejo de Paz; el Banco Central continuó recomponiendo reservas; el dólar oficial bajó a $1410 y la inflación mayorista se ubicó en enero en 1,7%, un dato que, en el Gobierno, consideran que quita presión sobre la evolución de los precios minoristas.
El único hecho que empañó ese escenario fue el cierre de Fate, una decisión empresaria que tuvo fuerte impacto mediático justo cuando se discute la reforma laboral. La coincidencia temporal generó malestar en la Casa Rosada.
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Milei intuye que la determinación de Javier Madanes Quintanilla no solo fue inoportuna, sino que también buscó producir un daño político al Gobierno. La reacción presidencial fue directa: lo acusó de ser “prebendario” y de “cazar en el zoológico”, en una crítica pública que marcó distancia con el empresario.
A partir de ese episodio, en Balcarce 50 resolvieron convocar a una conciliación obligatoria entre la empresa y el gremio para que la fábrica reabra sus puertas y los trabajadores continúen cobrando sus salarios. La decisión fue instrumentada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien llevó adelante la medida administrativa.
La intervención oficial abrió interrogantes. Muchos se preguntaron si no resultaba paradójico que un gobierno libertario cuestionara a un empresario y, en los hechos, coincidiera con la postura del gremio, conducido por el trotskismo. En el oficialismo admiten que el paso del tiempo ayuda a enfriar los ánimos que se caldearon en las primeras horas del conflicto.
En ese marco, circula una versión que el propio Gobierno reconoce no poder confirmar: que los sindicalistas del SUTNA y la empresa mantienen más diálogo del que se conoce públicamente. Según esa hipótesis, la estrategia empresaria sería dejar transcurrir 15 días, tal vez un mes, descomprimir la tensión generada en estos días y luego presentar una oferta indemnizatoria superadora.
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Más allá de la disputa puntual, el episodio dejó una definición política. Milei explicó que ser liberal no implica ser “pro empresa”, sino respaldar el libre mercado. La frase buscó despejar interpretaciones y fijar un criterio: el Gobierno no está dispuesto a cerrar la economía ni a proteger a compañías que no se adapten al nuevo escenario.
La conclusión que transmiten en la Casa Rosada es que las empresas deberán adecuarse para sobrevivir y ganar competitividad.
