El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo el pasado 30 de mayo, hace justo ocho meses, lo siguiente: “Vamos a hacer todo lo necesario para luchar contra las viviendas de uso turístico ilegal”. En la ciudad hay más de 15.000, según cifras del Ministerio de Consumo. A febrero de 2025, no hay datos más recientes, el Consistorio de la capital había recibido 1.289 denuncias de apartamentos ilegales y sancionó a los propietarios de 92 de ellos. La mayoría tuvo que pagar una multa de 30.001 euros, y tres de ellos de 60.001 por reincidencia. En la teoría, y en las ruedas de prensa, el ejecutivo municipal impone mano dura sobre quienes ofertan vivienda turística ilegalmente. En la práctica, los propietarios ni se inmutan y siguen con su negocio. O paran durante un tiempo ―y consta como cese de la actividad― y luego vuelven a la casilla de salida. Algunos, incluso, lo hacen durante años, aun habiendo recibido el no del Ayuntamiento dos veces y después de ser expuestos en el pleno municipal.
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