La nueva Ley Agraria de Baleares que elabora la Conselleria de Agricultura ampliará de seis a 10 las plazas destinadas a agroestancias en las explotaciones agrícolas que lo soliciten. Sin embargo, OKBALEARES puede adelantar una novedad: los Consells insulares tendrán el poder de reducir el número de plazas sin rebajar las 6 que ya figuraban en la anterior ley de 2019.
Es el asunto que más ruido político ha provocado desde que a finales de 2025 se dio a conocer el Anteproyecto de Ley de Agricultura que el Govern balear prevé dejar aprobada definitivamente antes del verano. Agricultura aumentará de seis a 10 las plazas que una finca podrá dedicar a las agroestancias, o lo que es lo mismo, al alojamiento con fines turísticos.
Esta cuestión ha provocado en los últimos meses acalorados debates entre el conseller del ramo, Joan Simonet, y los partidos de la izquierda parlamentaria. Simonet defiende el aumento a 10 para dar más opciones de rentabilidad al agricultor y los partidos de la izquierda reclaman dejarlo en 6 plazas, como está fijado desde la ley de 20219.
OKBALEARES ha podido saber de fuentes de la Conselleria que el texto definitivo fijará en 10 las plazas que se podrán dedicar a agroestancias pero, a la vez, se dará a los cuatro Consells insulares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) todo el poder para reducir la cifra de plazas siempre que no queden por debajo de seis.
Una propuesta del conseller Simonet que busca ampliar el consenso sobre esta cuestión. El periodo de alegaciones al texto inicial ya ha finalizado y en la Conselleria ya las están analizando. Una vez resueltas, tocará sentarse con Vox en busca de un acuerdo que permita llevar la ley al Parlament y aprobarla antes del verano próximo.
El objetivo básico de la nueva Ley Agraria de Baleares es reducir la burocracia, corregir las limitaciones y facilitar el aumento de la rentabilidad de unas explotaciones que ocupan más del 85% del territorio de las Islas Baleares pero que sufren los azotes de determinadas políticas comunitarias y que dan señales inequívocas de dificultades para asegurar su supervivencia. La descendencia de los actuales payeses muestra, en general, poco interés en seguir con la actividad.
Por eso la ley hace una revisión general de la que aprobaron las izquierdas con la socialista Francina Armengol a la cabeza en 2019 y ofrece vías legales para que el agricultor encuentre caminos que le permitan mejorar sus beneficios, como la venta directa de sus productos en la finca desplazando a los intermediarios, el incremento de plazas para agroestancias o la posibilidad de organizar degustaciones de sus productos en los terrenos de la propiedad.
