Escoltado por Victoria Villarruel, a quien no le había podido sostener la mirada en el saludo protocolar al llegar al Congreso, y por su hermana Karina, Javier Milei escribió el 1° de marzo en los libros de honor de ambas cámaras: “La moral como política de Estado. Volvamos a los valores de Occidente: la filosofía griega, el derecho romano, la actitud de los estoicos y los valores judeo-cristianos”. Tomó en sus discursos posteriores, incluso en el último, anteanoche en Tucumán, el concepto de la moral para anunciar que será el eje de su próxima obra editorial tras la publicación del año pasado, La Construcción del Milagro.
Desde aquella presentación en la apertura de la Asamblea Legislativa a hoy pasaron 20 días en los que el Gobierno quedó atrapado en contradicciones que pusieron en duda su relato sobre la austeridad, la ética y la transparencia, y en los que dejó en evidencia su escasa vocación de informar. Fueron casi tres semanas de dilapidación en tiempo récord de valores que lo diferenciaban ante la sociedad de la política tradicional, según describen recientes estudios de opinión pública.
Surgieron en estos días revelaciones comprometedoras en la causa judicial $LIBRA, en la que el Presidente y su hermana son investigados por haber sido parte de una presunta mega estafa. Manuel Adorni está bajo sospecha por el presunto giro en su nivel de vida y haber mezclado los negocios de su esposa con los del Estado, y crece la preocupación en la Casa Rosada ante las versiones de que el exfuncionario Diego Spagnuolo pueda ventilar en tribunales detalles de lo que habría sido el supuesto esquema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Son tres frentes abiertos que inquietan a Milei justo cuando el plan económico también empieza a ser cuestionado por la inflación y las caídas consecutivas de los niveles de empleo y producción.
En el corazón del gabinete hierven las sospechas desde que Adorni denunció un complot interno por la filtración del video de él y su familia subiendo a un jet privado para pasar un fin de semana en Punta del Este en la casa de un amigo que tiene contratos con la TV Pública, otra de sus áreas de control. “Hay algunos que están con la interna, otros nos mantenemos al margen y seguimos con la gestión”, buscaron tomar distancia dos ministros consultados por LA NACION.
La secuencia de traspiés comenzó hace casi dos semanas, cuando Milei mudó a medio Gobierno a Nueva York para la Argentina Week, una apuesta para captar inversores que quedó opacada por los escándalos y que tuvo por ahora dudosa recepción entre el empresariado, más allá de los elogios de ocasión de algunos hombres de negocios aliados de la gestión libertaria. Los industriales no quedaron conformes. Tampoco los 11 gobernadores a los que Milei invitó a Wall-Street como una escenificación de su capacidad de acuerdo y poder. Con ellos, el vínculo está guiado por la mercantilización de los apoyos en el Congreso: dinero a cambio de votos, como sucedió con la reforma laboral.
La Argentina Week tampoco tuvo una gran repercusión en la prensa internacional: los grandes diarios estadounidenses no cubrieron las jornadas y solo las agencias Reuters y Bloomberg publicaron cables en sus servicios informativos. Las noticias más incómodas para el relato libertario se dieron extramuros del Bank of America y de los salones de JP Morgan. Todo comenzó cuando se conoció que Adorni subió a su esposa, Bettina Angeletti, al avión presidencial como parte de la comitiva oficial que acompañó a Milei a Miami y Nueva York. La secuencia después ya es conocida: se filtró el video del jefe de Gabinete abordando un taxi aéreo a Punta del Este; comenzaron a aparecer contratos de Angeletti en su rol de “coach ontológica” con empresas vinculadas a YPF, la petrolera estatal de la que su esposo es director, y, ¿por último?, se reveló que ella registró en 2024 una casa en un country en Exaltación de la Cruz que él no incluyó en su declaración jurada patrimonial pública. Hoy tanto la declaración jurada de Angeletti como el detalle de clientes y facturación de su agencia +BE, que fue creada también en 2024 después de que Adorni haya jurado como vocero presidencial, son documentos que podrían complicar aún más al funcionario.
A Milei se lo percibe incómodo y agresivo. Lanza ataques permanentes a empresarios y periodistas, y en medio de esta tormenta tal vez impensada, visitó cuatro países distintos en tan solo diez días: Estados Unidos, España, Chile y está desde ayer en Hungría, invitado por Viktor Orban, el primer ministro que lleva 16 años en cadena en el poder y que ganó notoriedad internacional por sus intentos de controlar a la prensa y prohibir las manifestaciones del colectivo LGTB+.
Los Menem van por la Anses
Durante la Argentina Week, el Presidente delegó en Sandra Pettovello de modo interino la Jefatura de Gabinete. El rol de la ministra de Capital Humano pasó casi de inadvertido entre la agenda estadounidense y las polémicas de Adorni. Sin embargo, en el mega ministerio que está bajo su órbita, que abarca Educación, Trabajo y Seguridad Social, se dio en paralelo un cimbronazo que podría derivar en más cambios de nombres y nuevos dolores de cabeza.
Hace dos semanas LA NACION reveló una supuesta maniobra irregular en la Secretaría de Trabajo para habilitar Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) a empresas de seguridad privada. Con el aval de la secretaría, que es la que debe acreditar la situación de crisis, decenas de empresas sellaron convenios con el gremio del sector, en este caso la Unión Personal de Seguridad (Upsra). Al acceder al PPC, se facilitan las suspensiones del personal, la posibilidad de rebajar salarios y aportes patronales y hasta avanzar con indemnizaciones a menor costo.
Hay una denuncia judicial en curso en el Juzgado N°12, a cargo de Julián Ercolini, en la que se investiga si existió una operación fraudulenta entre empresarios, gremialistas y funcionarios de la cartera laboral para hacerse de una caja millonaria con los aportes de los trabajadores. La denuncia judicial, que salpica al secretario de Trabajo, Julio Cordero, será ampliada por Marcelo Greco, un dirigente opositor de Upsra, que dice reunir pruebas para demostrar que la habilitación de PPC a empresas que no acreditan situación de crisis se extiende a otros rubros más allá de la seguridad privada. Están en la mira compañías de limpieza y una conocida cadena de kioscos que están abiertos las 24 horas. Greco también solicitó que intervenga la Oficina Anticorrupción, aunque todavía no obtuvo respuesta.
En el entorno de Pettovello vinculan el caso a la interna y señalan sin dar precisiones a los primos Menem, Martín y Eduardo, quienes conservan nexos y gente de confianza en la cartera laboral y en los sindicatos. No habría sido casual la abrupta salida de Eugenia Cortona, la subsecretaria de Empleo y Formación Laboral despedida cuando estaba de vacaciones. Cortona, una suerte de número dos de Cordero, pretendía mantener el sistema de capacitaciones en mano de los gremios, pero Pettovello decidió quitarles esa caja y les cedió el manejo de los cursos a las empresas. Con el cierre del programa Volver al Trabajo, que tenía 900.000 beneficiarios que cobraban $78.000, la ministra piensa redireccionar los fondos al sistema de vouchers para capacitaciones y a la ampliación horaria del plan de alfabetización. Esta medida terminaría de cortar una histórica cadena de pagos por los cursos de formación de la que se beneficiaban sindicalistas y punteros, la mayoría de ellos, siempre ligados al oficialismo de turno. A los Menem, a cargo de la estrategia de ampliación territorial de La Libertad Avanza, no les cayó del todo bien la decisión de la ministra, según supo LA NACION de fuentes confiables.
La pulseada entre los Menem y Pettovello está lejos de disiparse. Llegó esta semana a la cúpula de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Guillermo Arancibia, un técnico de largo recorrido en la actividad pública que tuvo a su cargo la gestión operativa de los beneficios que reciben millones de jubilados y receptores de asignaciones. Pettovello asegura que fue ella la que definió la designación de Arancibia en lugar de Fernando Bearzi. Pero hay otras fuentes oficiales que deslizan que se trató de una imposición de Karina Milei, la jefa de los Menem.
Con raíces en Pro y terminales en la justicia porteña, Arancibia ingresó a la gestión libertaria de la Anses de la mano de Osvaldo Giordano, de quien fue su jefe de asesores. Antes había pasado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, donde anudó relaciones con las compañías de seguros a las que supuestamente debía auditar. Giordano fue desplazado tras denunciar los contratos irregulares del Estado con Nación Seguros y de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, rechazara la Ley Bases. “El negocio de la Anses con los seguros es de dimensiones astronómicas”, dijo un exfuncionario del área al que no le sorprende el salto de Arancibia hacia la cima del organismo. En la Anses, alguno lo llaman “el persa”. Las razones de ese apodo son por ahora incomprobables. Tuvo hasta hace poco a su cargo la supervisión de las prestaciones, lo que incluye la coordinación de las unidades de atención (Udai). Las Udai sirvieron de herramienta para hacer política en la provincia de Buenos Aires durante el año electoral. Las manejó la tropa de Sebastián Pareja a través de punteros, barrabravas y dirigentes distritales de PAMI y Anses.
Detrás del ascenso de Arancibia surgen dos objetivos de un sector del Gobierno agazapado en construir más poder. Uno es el de tener el manejo del multimillonario Fondo de Garantía Sustentable (FGS), un atajo para financiar al tesoro con la compra de bonos, como lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo. El otro propósito es avanzar hacia la privatización del sistema jubilatorio y allanar el camino para el regreso de las AFJP. Pero antes de retomar la fase reformista, el Gobierno deberá despejar los interrogantes morales y éticos que abrieron los casos $LIBRA, Andis y la sucesión de polémicas que involucran a Adorni. El best seller que imagina Milei tal vez pueda esperar.
