La crisis entre la PDI y la debutante ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, no partió con la intempestiva salida de la subdirectora de Inteligencia, y tercera antigüedad, prefecto Consuelo Peña, que fue comunicada el domingo 22. Comenzó un poco antes, con un reservado oficio enviado por la autoridad, apenas 48 horas recién asumida en el cargo.
El viernes 13 de marzo ingresó a la oficina de partes del director de la PDI, Eduardo Cerna, un “oficio reservado” firmado por Steinert. “Materia: Solicita informe sobre destinación del personal de la Policía de Investigaciones de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado (Brianco) Región de Tarapacá”, se leía en el encabezado del documento, que fue revelado después por Radio Biobío.
Más adelante -en el mismo escrito que a no pocos hizo recordar las órdenes de investigar que hacen fiscales a las policías-, la ministra destacaba “las facultades de dirección, coordinación y supervigilancia” -que según ella- le confería la ley que creó el ministerio que hoy dirige. Y exigía detalles del por qué se ordenó -en enero pasado- el traslado de un grupo de detectives que trabajaron con ella, cuando era fiscal regional de Tarapacá, en la operación que desbarató al “Clan Chen”, una peligrosa mafia china que operaba en el norte.
¿Por qué la ministra estaba solicitando información interna de la PDI y que ella conoció por su trabajo anterior? En la investigación contra el “Clan Chen”, aparte de indagarse millonarias estafas con criptomonedas a víctimas que principalmente están en Estados Unidos, se investigaban también maniobras de ocultamiento de dinero ilícito. Es decir, lavado de dinero. Este último delito, en la actual legislación, no solo se sanciona en lo penal a quien lo comete, sino también a quien divulgue cualquier antecedente de este tipo de causas. Sin embargo, en el ya mencionado oficio, Steinert incluso ponía el Rol Único de Causa (RUC), información que para indagatorias de blanqueo de activos debería permanecer bajo la extrema reserva de estos casos.
La respuesta, elaborada por la prefecta inspectora, llegó a manos de Steinert hacia el final de la semana siguiente. Desde su entorno señalan que la ministra no quedó satisfecha, pues ella manejaba otra versión sobre la intempestiva salida del equipo que era liderado por el subcomisario Mauricio Fuentes, con quien estrechó lazos en el norte, ya que trabajaron una serie de indagatorias. Y es que de estar en una brigada tan importante como la Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco), pasar a la jefatura de una Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) en Cerrillos era leído por algunos al interior de la institución, y por el propio entorno de la exfiscal, como una “degradación”. El oficio buscaba saber qué había pasado para que los tres detectives que dirigía Fuentes, y el propio subcomisario, hubieran sido apartados de la operación con el “Clan Chen” dos días después de los allanamientos y detenciones en la Zofri.
Quienes trabajaban en el norte con Steinert saben que estaba molesta con el cambio de equipo. A tanto llegó el enojo, que poco antes de renunciar a la Fiscalía, tras aceptar ser ministra de gobierno, le pidió al fiscal nacional, Ángel Valencia, si podía averiguar, a través del director Cerna, cuál era el motivo esbozado para redestinar a Fuentes y su equipo.
“La fiscal Steinert me planteó su preocupación por el cambio de equipo, tomé contacto con el director Cerna, le transmití este asunto, esta preocupación. Tuvimos una conversación sobre el particular y me dijo que había razones importantes, propias de su institución y que justificaban un cambio de esta naturaleza, y a nosotros no nos cabía más que entender que era una atribución propia de la PDI y que había motivos que nosotros debíamos atender y se lo transmití a la fiscal”, dijo esta semana en Cooperativa el fiscal nacional recordando ese episodio.
El problema, sostienen cercanos a Steinert, es que para ella esa respuesta no fue suficiente.
Los Chen y las sospechas
La investigación que permitió desbaratar al llamado “Clan Chen” comenzó a tomar forma a inicios de 2024, cuando la Fiscalía y la PDI detectaron movimientos inusuales en una red de locales comerciales chinos que operaban en distintas ciudades del país. Bajo la apariencia de restaurantes y negocios familiares, la organización -liderada por ciudadanos chinos- articulaba un esquema que combinaba lavado de dinero, tráfico de migrantes y explotación laboral. Las pesquisas dieron cuenta de un patrón: personas ingresaban a Chile de manera irregular o engañadas, contraían deudas con la red y luego eran obligadas a trabajar en condiciones precarias para saldarlas, mientras el dinero circulaba a través de sociedades y cuentas destinadas a ocultar su origen.
El punto de quiebre se produjo en enero de 2026, cuando la Fiscalía ordenó una serie de allanamientos simultáneos que permitieron desarticular la estructura. En los operativos se incautaron altas sumas de dinero en efectivo, documentación contable y dispositivos electrónicos clave, además de concretarse la detención de varios integrantes del grupo. La indagatoria también estableció que el clan mantenía conexiones internacionales, lo que le daba capacidad para sostener el flujo de personas y capitales entre distintos países.
El 9 de enero viajaron Cerna y Valencia a Iquique. La operación ameritaba que las más altas autoridades de la policía y Fiscalía presenciaran los allanamientos y el éxito de los operativos que se desarrollaron en cinco regiones, y en los que se detuvo a más de 50 personas. La fiscal Steinert -entonces anfitriona de las pesquisas- recibió a su jefe, al director de la PDI y también a quien en esa época era la tercera al mando de la policía civil y primera mujer nominada prefecta inspectora en la historia de la institución. Las autoridades fueron hasta la Zofri para los puntos de prensa; el procedimiento había sido limpio. Eso, al menos, ante las cámaras y micrófonos.
En paralelo, personal del Departamento V de la PDI había encendido unas alarmas. En uno de los inmuebles allanados no se encontró la cantidad de dinero que se había detectado y algunos imputados parecían haber sido alertados del despliegue policial. Y es que esta unidad particular de la policía civil no indaga delitos, sino más bien se mueve en el ámbito de la inteligencia policial, particularmente en labores de contrainteligencia. Su función principal es detectar, prevenir y neutralizar amenazas que puedan afectar la seguridad del Estado, como actividades de espionaje, infiltración de redes extranjeras o estructuras que operan de manera encubierta en el país. Pero también vigilan a los propios y hacen denuncias internas ante el riesgo de que las agrupaciones cuenten con un delator dentro de las policías.
El que el Departamento V se activara, sostienen fuentes conocedoras del caso, fue vital para adoptar los traslados. De hecho, ni Fuentes ni el resto de su equipo pudieron confeccionar los informes policiales que se entregan después a la Fiscalía sobre los resultados de las detenciones. Horas antes de que el caso se formalizara, los disgregaron en distintas unidades del país. Consultada la PDI respecto a si existe alguna indagatoria penal o sumario en contra de los detectives que fueron reubicados se limitaron a contestar: “Esa es información reservada por ley”.
La encrucijada
“Es una decisión de la Policía de Investigaciones que la llamó a retiro (a la prefecta Peña). Ella llevaba más de 30 años de servicio. Eso es lo que puedo decir”, dijo Steinert a los diputados que este lunes 23 la citaron a la Comisión de Seguridad. A la salida de dicha instancia, la prensa la requirió a sincerar si mantenía alguna animadversión en contra de la prefecta Peña. Con una sonrisa en su rostro respondió: “No tengo rencillas con nadie, al contrario, lo que tenemos que hacer es trabajar por Chile y en eso estoy”.
Mientras eso ocurría en el Congreso, en Santiago, en el cuartel de la PDI, la ahora retirada prefecta Peña se despedía de sus equipos. En privado ha manifestado a sus cercanos que lamenta que su carrera de 36 años en la PDI termine de esta forma y por una decisión personal de la autoridad y no -ha dicho- una profesional. En su entorno sostienen que ella no hablará hasta que se solucione el problema que esto ha provocado al director general, Eduardo Cerna. Esto, ya que como señala una fuente del alto mando, “todos sabemos que la salida de Peña fue solicitada el día viernes por la ministra”.
Algunas televisiones encendidas en el Cuartel General de la PDI seguían en vivo la intervención de Steinert. Por lo tanto, cuando ella deslindó la responsabilidad del llamado a retiro de la prefecta en la PDI entendieron que la fractura entre la autoridad gubernamental y la policía era un hecho. De ahí nació un gran dilema para Cerna. Tras ser citado al Congreso para contar su versión tiene dos opciones: respaldar lo ya declarado por la titular de Seguridad y, en términos simples, su jefa civil, o entregar detalles de lo que ocurrió el 20 de marzo, a las 10 horas, en el despacho de la ministra.
Teatinos 220
Fue una conversación a puerta cerrada. En medio de actividades en el Palacio de La Moneda, el viernes 20 Cerna recibió el llamado de Steinert para que concurriera solo a su oficina, ubicada en Teatinos 220. Quienes luego se enteraron de dicho encuentro, tanto por los que trabajan en el edificio como el alto mando policial, aseguran que ese día, sin oficio, hubo una orden: Steinert quería a Peña fuera de la PDI en el corto plazo. Incluso, hay voces que plantean que pidió que fuera en las próximas 12 horas.
Tres personas consultadas que conocieron de ese encuentro coinciden en lo grueso: el llamado a retiro de Peña no estaba en los planes de Cerna, tanto así que ese viernes andaba en una operación contra el crimen organizado en el norte. “Lo que nunca quedó muy claro es que la ministra, al parecer, le soslayó al director que de todo esto estaba enterado el presidente”, dijo una alta fuente policial.
Pero pasaron más de 12 horas. Al día siguiente tanto autoridades del gobierno como policiales se trasladaron a Puerto Varas para asistir al funeral del sargento de Carabineros Javier Eduardo Figueroa, quien falleció en medio de una ronda policial. De alguna forma u otra, en la PDI esperaban una instrucción más clara desde La Moneda, ya que una decisión de ese tipo debe ser apoyada por Kast. Dicho mensaje jamás llegó, y como “no somos deliberantes”, ironiza la misma fuente, Cerna ejecutó la orden.
Tras lograr ubicar a Peña, el director general la llamó y le dijo que necesitaba conversar con ella de manera urgente. Fue así como el sábado 21 le dijo que ocuparía su decreto para llamarla a retiro. Y es que todos los oficiales que cumplen más de 30 años firman su renuncia (llamado a retiro), las que están en manos del número 1 de la PDI y que puede ocuparla en cualquier momento. La alta oficial no podía creer la forma en que estaba terminando su carrera. ¿Lo pidió la ministra? No hubo respuesta.
Alerta en La Moneda
El mismo sábado 21, una vez que el senador Iván Flores (DC), mediante un video en redes sociales, cuestionó la salida de la subdirectora de Inteligencia, la prensa pidió explicaciones al Ministerio de Seguridad y La Moneda. En Teatinos 220, asesores de Steinert comenzaron a pedir a la PDI que apuraran un comunicado y así poner fin a las especulaciones.
Fue la primera vez que miembros del alto mando -afirman- intuyeron que comunicacionalmente los responsables de sacar a Peña, pese a su trayectoria intachable, serían ellos. En el primer párrafo del comunicado se apuraron en agradecer sus servicios “a la PDI y a la patria”. Pero ya a esa altura se hablaba de un quiebre entre la policía y la ministra, además del primer flanco para la debutante autoridad.
El tema acompañó toda la semana a Steinert. En un viaje a La Araucanía este jueves le volvieron a preguntar por el tema. “Esta fue una decisión institucional, pero insisto, yo ya estoy en otra. Lo que quiero es trabajar por el país”, dijo. Y Contraloría revisará la legalidad del requerimiento que la ministra hizo a la PDI sobre los hechos que motivaron el traslado de los cuatro funcionarios PDI que participaron en la operación contra el “Clan Chen”.
Y es que todo lo que ha pasado en este caso ha estado siendo monitoreado desde el lunes por el Segundo Piso de La Moneda. Esto, ya que no pocos al interior de la PDI han hecho trascender que el actuar de la ministra obedece a un ánimo revanchista, ya que habría puesto su molestia personal por el cambio de equipo policial en el pasado, por sobre materias propias del Ministerio de Seguridad que dirige desde hace 18 días.
Durante la semana fue citada a Palacio y le consultaron directamente si había un tema personal entre ella y alguno de los policías por los que preguntó, lo que ella negó. De todas formas, comentan fuentes oficialistas, el episodio la dejó en entredicho tanto ante el gobierno como ante la oposición respecto de su carácter y si podrá llevar adelante otras decisiones con mayor prudencia.
Gestos mutuos
A través de reuniones y, particularmente, un punto de prensa en conjunto este viernes 27 con la PDI y Carabineros, Steinert ha intentado dar señales de normalidad. El miércoles tuvo una reunión con Cerna -que ha mantenido el silencio en público-, donde hablaron de procedimientos que se venían y en ningún instante tocó el tema.
Los diputados citaron al director general de la PDI para el lunes 6 de abril. ¿Qué hará Cerna? ¿Abrazar “la versión oficial” publicitada por la ministra o poner en riesgo su permanencia en la institución?
Varios en el alto mando creen que hará lo primero. “Así somos los policías, obedecemos, eso le pasó a Cristina Vilches, obedeció a Manuel Monsalve y tuvo que salir”, aseveran en la institución.
El director carga con ”la maldición del 1″: los últimos dos directores, Héctor Espinosa y Sergio Muñoz, han terminado sus periodos involucrados en casos judiciales. Lo que sí está claro en la PDI es que Cerna quiere batir ese triste récord y terminar su periodo con la frente en alto. El objetivo se ve lejano: aún le restan cuatro años.
