Fue el 14 de noviembre que los abogados que representan a la Municipalidad de Talcahuano -bajo el mandato del alcalde Eduardo Saavedra (PS)- ingresaron una querella ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano contra todos quienes resulten responsables del presunto delito de malversación de caudales públicos de las subvenciones escolares en el Departamento de Administración de Educación (DAEM) del municipio.
En la acción penal se nombra específicamente al exalcalde Henry Campos (UDI) -recién nombrado seremi de Transportes de la Región del Biobío- debido a que los hechos que se pide investigar ocurrieron en el periodo en que el gremialista ejerció como alcalde. Específicamente la querella toma como referencia la auditoría que hizo la Contraloría al DAEM en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2023. Campos dirigió esta comuna durante dos periodos consecutivos partiendo en 2016 y terminando en 2024.
La querella consigna que en la última auditoría del ente contralor al DAEM hace seis años atrás “se detectaron gastos insuficientemente acreditados, gastos rendidos erróneamente y saldos contables que no se encontraban en su cuenta corriente, entre otros, lo que derivó en su oportunidad en sumarios administrativos y en un juicio de cuentas”.
La indagatoria de la Contraloría detecto, entre otras cosas, “que los saldos dispuestos en las cuentas corrientes bancarias pertenecientes al DAEM Talcahuano, creadas para administrar los recursos financieros provenientes de las subvenciones escolares, al 31 de diciembre del año 2023, resultaban insuficientes para cubrir los saldos por acreditar informados por la Superintendencia de Educación, comprobándose la existencia de saldos no acreditados por la suma de $4.604.891.429″.
De esta forma la querella consigna que “se advirtió por parte del órgano contralor que el DAEM de Talcahuano no cuenta con la documentación de respaldo que le permita identificar y cuantificar el monto de los gastos rechazados y/o no aceptados por la Superintendencia de Educación respecto de rendiciones de distintas subvenciones escolares del periodo examinado”.
Por eso razón es que a juicio del municipio los hechos detectados en la auditoría en el periodo de Campos podrían ser constituvos de delitos, específicamente, el eventual ilícito de malversación de caudales públicos.
La querella fue declarada admisible el mismo 11 de noviembre por el juez Felipe Vega. De esta forma el tribunal ofició al Ministerio Público para que sea la Fiscalía Local de Talcahuano la que abra una indagatoria en la que se busque la comisión de posibles delitos y los responsables de esos actos.
La acción penal empujada por el municipio de Talcahuano complica la llegada de Campos como nuevo Seremi de Transportes y Telecomunicaciones. Esto en un contexto de cuestionamiento a las autoridades regionales nombradas en los últimos días, de las cuales algunos han sido nombramientos que no han prosperado por sus polémicas previas.
Saavedra afirma que respeta “la decisión del gobierno” y le desea “éxito a Henry Campos en su nueva responsabilidad”. Sin embargo, el alcalde detalla la compleja situación financiera que atraviesa su municipio.
“Como municipalidad hemos debido enfrentar una situación financiera extremadamente compleja desde que asumimos a fines de 2024, donde uno de los casos más graves es lo ocurrido en el DAEM, detectado por la Contraloría y que motivó la presentación de una querella por parte de la dirección de asesoría jurídica del municipio, que hoy está siendo investigada por la Fiscalía, y respecto de la cual ya se han decretado diligencias, las cuales han sido desarrolladas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Concepción. Actualmente, además, el sistema educativo comunal se encuentra intervenido con un administrador provisional”, dice el jefe comunal.
La realidad económica que atraviese la municipalidad, dice Saavedra, incluso lo ha llevado a evaluar “la venta de parte del patrimonio municipal para hacer frente a deudas, y sabemos que pasarán varios años antes de que Talcahuano pueda recuperar su estabilidad financiera”.
En esa línea el alcalde explica que encargó una auditória externa, que ya se licitó y adjudicó, para dimensionar el daño financiero generado entre los años 2016 al 2024 y establecer las responsabilidades correspondientes. “Nuestro foco está en ordenar el municipio y asegurar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir”, afirma el alcalde.
