La Fiscalía Anticorrupción ha logrado que se convoque a siete directivos de otros tantos centros educativos de Madrid para aclarar quién ordenó las obras de reforma de sus instalaciones en las que se centra el caso FP. El juzgado número 39 de plaza de Castilla investiga la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa entre 2021 y 2023, pues los trabajos, presuntamente, se hicieron sin el preceptivo concurso público, y a través, supuestamente, del método de fraccionar facturas para elegir a dedo a la empresa que los ejecutaría. En ese contexto, la Fiscalía registró el 12 de diciembre un escrito, al que accedió EL PAÍS, para solicitar la convocatoria como testigos de los siete directores y depurar si en sus centros se actuó por cuenta propia o se recibieron indicaciones para contratar con el grupo Virelec, que es quien realizó las obras investigadas. Como consecuencia, la jueza ha convocado a los interesados para el 11 de marzo.
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