El Promotor considera que "al margen de su acierto o desacierto" el juez actuó en el ámbito de su "función jurisdiccional" en el tenso interrogatorio por el que el ministro Bolaños lo denunció ante el órgano de gobierno de los jueces
Reproches por “una sonrisa” y advertencias por “titubeos”: el tenso interrogatorio del juez Peinado al ministro Bolaños
El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza expedientar al juez Juan Carlos Peinado tras investigar las cuatro quejas que recibió hace meses por su forma de instruir dos casos con repercusión política. La Comisión Permanente del órgano —el llamado 'núcleo duro'— analizará en su sesión de este martes si acepta el criterio del Promotor o si, por el contrario, le corrige y le obliga a abrir un expediente al magistrado.
Dos de esas quejas las formuló el ministro Félix Bolaños, que denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra Begoña Gómez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. En su propuesta de archivo, el Promotor afirma que se trata de “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”.
Las otras dos quejas fueron presentadas por Más Madrid y el diputado del PSOE Guillermo Hita, que denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales” porque Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario.
Tras una investigación que se ha dilatado durante varios meses, el Promotor, Ricardo Conde, concluye que la conducta del juez no es susceptible de reproche disciplinario en ninguno de esos casos. La Permanente, que tendrá la última palabra al respecto, está formada por siete miembros: cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate.
De forma reciente, el voto de la presidenta permitió la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Esos expedientes, no obstante, acabaron sin sanción porque los vocales conservadores, que son mayoría en la Comisión Disciplinaria, impusieron su criterio.
Tenso interrogatorio
En el caso de Bolaños, fuentes del Ministerio de Justicia explican que esas denuncias se remitieron para informar sobre las “irregularidades” cometidas por juez “en relación con su declaración como testigo y la posterior exposición razonada elevada al Tribunal Supremo”. Durante el interrogatorio, el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, llegó a decirle. Después, el juez tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él.
La autoridad disciplinaria, Ricardo Conde, acordó abrir una diligencia informativa contra el magistrado tras recibir el 4 de junio de 2025 una primera denuncia de Bolaños con relación a la actuación del juez durante el interrogatorio. El 29 de julio, el ministro presentó una segunda denuncia después de que el Supremo rechazara investigarle. Durante la tramitación de las diligencias, Peinado alegó que actuó en todo momento con el objetivo de que la declaración “se desarrollara del mejor modo posible”.
Bolaños denunció también la filtración a la prensa de resoluciones judiciales antes de que le fueran notificadas formalmente a él o a las partes, lo que, a su juicio, supone una vulneración del carácter reservado de las diligencias que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para fundamentar su queja, expuso dos casos concretos que siguen un mismo patrón.
Por un lado, respecto a su citación como testigo, Bolaños denunció que el juez firmó a las 14.18 horas del 10 de marzo de 2025 la resolución en la que acordaba abrir una pieza separada y citarle a declarar. Y que, apenas tres horas después, a las 18.26 horas, la noticia estaba publicada en El Confidencial y la resolución “circulaba por canales telemáticos”. Según su queja, las partes no la recibieron hasta el día siguiente y Bolaños no fue notificado oficialmente hasta el 14 de marzo.
En su denuncia, Bolaños insinúa la responsabilidad directa del juzgado al señalar que el círculo de personas con acceso era muy reducido y que el propio juez habló ese día con el departamento de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para confirmar la noticia. El titular de Justicia también pone de ejemplo la providencia en la que el juez rechazó que declarara por escrito. Según su queja, el juez firmó la resolución a las 10.01 horas y, en menos de una hora, a las 10.57 horas, ya estaba publicada en El Mundo. Bolaños asegura que no recibió la notificación formal hasta varios días después, el 3 de abril.
En su propuesta de archivo, la autoridad disciplinaria alega que “no existe indicio que permita atribuir al instructor, ni siquiera indiciariamente, la revelación de datos judiciales”. Recientemente, el Promotor ha abierto una nueva investigación a Peinado por una filtración a OkDiario de información de la causa contra Begoña Gómez. Esta nueva queja parte de la defensa de otra de las investigadas, la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente.
Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.
Prórroga fuera de plazo
Las otras quejas presentadas vienen motivadas por el hecho de que Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en un caso de presunta malversación que afecta a Alfonso Sánchez Vicente que, como gerente de la EMT, es un alto cargo de la Administración que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP). Peinado investigaba desde 2023 si esa empresa municipal malversó dinero público al firmar un contrato de patrocinio con OkDiario para unas jornadas de sostenibilidad en 2022 por 72.600 euros cuando un año antes un evento similar había costado una cuarta parte, tal y como denunció Podemos.
La Audiencia Provincial de Madrid constató que Peinado prorrogó la causa dos meses después del límite legal y que muchas diligencias, por tanto, no eran válidas al haber sido acordadas fuera de plazo. La respuesta de Peinado fue archivar el caso, pero no porque su error hubiera condenado la investigación al sobreseimiento, sino porque creía que no había delito en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la web de Eduardo Inda. Según el juez, el evento fue seguido por “una gran cantidad de personas” y esa “mayor capacidad de difusión” pudo justificar el sobreprecio.
La portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, optó por abrir también la vía disciplinaria y presentó el 3 de julio de 2025 una queja contra Peinado con relación a estos hechos. La autoridad disciplinaria acordó abrir diligencias cinco días después. Posteriormente, el 18 de julio, el diputado del PSOE Guillermo Hita presentó otra denuncia por los mismos hechos que derivó en otra apertura de diligencias el 31 de julio. Las dos denuncias consideran que Peinado desatendió sus obligaciones judiciales al acordar esa prórroga fuera de plazo a pesar de la petición de las acusaciones populares y la Fiscalía.
En sus escritos, ambos denunciantes subrayan que la actuación del juez ha causado “graves perjuicios” a la investigación y a las acusaciones personadas y un “claro favorecimiento” a las defensas de los investigados al impedir seguir investigando y llevar a cabo diligencias que hubieran llevado a un “completo esclarecimiento de los hechos”.
