Los de Feijóo han promovido ya siete pesquisas parlamentarias en la Cámara Alta donde, gracias a su mayoría absoluta, deciden plazos, a quién se cita a comparecer o cuáles son las conclusiones
El PP descarrila en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: “Renuncio a la pregunta”
Una comisión de investigación por trimestre. Es el récord que ha establecido el PP en su estrategia de uso del Senado contra el Gobierno. Desde abril de 2024, cuando se abrió la del llamado ‘caso Koldo’ (y que ha diluido su justificación inicial) el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su mayoría absoluta para promover hasta siete pesquisas parlamentarias con el objetivo, a menudo malogrado, de hacer oposición al Gobierno.
La última la anunció este mismo Lunes Santo su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García. El objeto de la investigación esta vez es RTVE. El PP ha puesto la proa al ente público que gestiona la radio y la televisión española, a la que tildan de “Tele Pedro”.
Los de Feijóo arremeten tanto contra la gestión económica como profesional del ente, desprecian sus informativos y la calidad de sus programas. Y eso que la televisión pública estatal vive su mejor momento en lustros. La semana pasada, el Consejo de Administración aprobó las cuentas de 2025, ejercicio que se cerró con 55 millones de euros de superávit gracias a los ingresos comerciales, una reducción del coste por programa y los mejores datos de audiencia en 14 años, según datos públicos. La 1 cerró 2025 con una cuota de pantalla del 11%, su mejor ‘share’ en 13 años. La tendencia ascendente se mantiene en el comienzo de este año: un 12,2% en enero y un 12,3% en febrero.
Para el PP, “mientras los bolsillos de los españoles se vacían, RTVE aumenta su presupuesto para comprar obediencia editorial” y hacer “propaganda ‘sanchista”. Según dijo Alicia García, el ente público está “al borde de la quiebra” y el Consejo de Administración hace “ingeniería contable”, una forma sutil de acusar al presidente de la Corporación, José Pablo López, de manipular las cuentas.
“Quien haya dilapidado fondos, falseado cuentas y manipulado oposiciones tendrá que comparecer en la comisión de investigación y asumir responsabilidades”, zanjó García, quien no aportó nombres, datos ni fechas sobre estas futuras citaciones.
La comisión se establecerá formalmente a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, salvo que RTVE logre impedir legalmente su constitución, tal y como ha anunciado que intentará. Y sustituirá en la agenda de oposición del PP a otras que ya se han agotado o están dando sus últimos coletazos.
La más provechosa de las comisiones es la del llamado ‘caso Koldo’. Fue la primera en constituirse, en abril de 2024. Originalmente, se centró en “los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19”. Es decir, por la presunta intermediación a cambio de comisiones en la compra de mascarillas y otro material sanitario durante la pandemia, y que la semana que viene llega a los tribunales.
Después pasó a investigar “los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre”. También a “las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme”. Y a “los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas”.
Esta última redacción ha permitido al PP, por ejemplo, citar en dicha comisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o tener en reserva la comparecencia de su esposa, Begoña Gómez, a quien amagan con llamar a declarar sin decidirse a hacerlo. También ha sido interrogado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo. El PP amenazó incluso con llamar al expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales. A quien sí convocó fue a Paco Salazar, despedido de Moncloa y del PSOE por supuesto acoso sexual. Lo citó justo antes de las elecciones en Aragón.
El momento álgido de la comisión fue la comparecencia de Sánchez, quien logró salir del trance políticamente indemne. Tras la citación de Zapatero, interrogado por su supuesta intermediación con el Gobierno de Venezuela, la comisión se ha descafeinado. Aun así, dos años después de constituirse no tiene fecha de cierre. El PP usa su mayoría para ampliar calendario y objeto de la investigación, aprobar las citaciones, señalar cuándo deben producirse y evitar aquellas que no sirven a sus objetivos políticos.
CIS y apagón, visto y no visto
Otras comisiones han sido despachadas con mucha más celeridad, y han sido cerradas sin pena ni gloria. Uno de los ejemplos más palmarios es la comisión sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que incluyó las comparecencias del presidente de la institución, José Félix Tezanos, y del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Como conclusión, el Senado como institución se limita a pedir la dimisión o la destitución de Tezanos y hace algunas propuestas como limitar el mandato del presidente del CIS a ocho años —Tezanos los cumplirá el próximo mes de junio— y exigir “dedicación exclusiva”.
Al margen del Senado, el PP ha anunciado una querella contra el presidente del CIS por delito electoral por usar sus encuestas para “inflar sistemáticamente” y “beneficiar” al PSOE para “alterar” la voluntad de los ciudadanos. Le podría acarrear de tres meses a un año de cárcel. De momento, la denuncia no se ha formalizado.
También se ha clausurado ya la investigación sobre el apagón de abril de 2025, en la que han comparecido la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y la presidenta del grupo Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, entre otras personas. En menos de un año, los senadores han ventilado la causa, pese a que los informes oficiales definitivos europeos y españoles sobre qué lo provocó todavía no se han hecho públicos. El PP no ha comunicado sus conclusiones.
El Senado tiene en marcha otras dos comisiones, una para analizar lo ocurrido en la dana de Valencia de 2024 y otra para evaluar el estado de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. El PP citó en la primera a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, futura candidata del PSOE al Ayuntamiento de Valencia. También a otros cargos estatales, especialmente adscritos a la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo presidente, Miguel Polo, ha acudido ya dos veces. Pese a su carácter constitucional de “Cámara de representación territorial”, aquí no se ha sentado el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
En cuanto a la comisión por el accidente del AVE del pasado mes de enero, todavía no ha realizado un solo trabajo. El PP ha citado al ministro de Transportes, Óscar Puente, pero no aquí, sino en la del ‘caso Koldo’. Puente sí ha dado explicaciones ante el Pleno del Senado.
SEPI y RTVE, siguientes en la lista
Y como si del juego de la oca se tratara, de comisión a comisión, el PP ha activado o va a activar dos nuevas investigaciones parlamentarias. La destinada a analizar “las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)” apenas ha echado a andar. Todavía no se han aprobado el plan de trabajo ni, por tanto, las comparecencias previstas. El PP ya apunta a que citará a la ya exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien ha dependido precisamente la SEPI durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez.
En ocho años, los de Feijóo no han constituido esta comisión ni han citado a Montero. Lo harán ahora, cuando ya no ejerce el cargo, y lo harán ante las elecciones andaluzas en las que Montero será la candidata del PSOE.
Cierra la lista la comisión de RTVE, que ya ha recibido el reproche del ente público, que la considera “un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación” que “puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”. Este martes, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, respondió: “Entiendo que hay mucha gente de la izquierda que considera que las comisiones de investigación sirven para juzgar políticamente. Pero la realidad es que las comisiones de investigación no juzgan a nadie penalmente ni civilmente”.
