El gobierno extendió por 60 días el estado de emergencia en la provincia de Pataz (La Libertad) para enfrentar a las bandas criminales vinculadas a la minería de oro ilegal y también en la provincia de Putumayo (Loreto), donde el grupo armado Comandos de Frontera controla el narcotráfico desde Colombia.
En esta zona de frontera el dinero le sobra a dicha red mafiosa que actúa en alianza con narcos peruanos, el Comando Vermelho de Brasil y bandas ecuatorianas. A punta de fusil, imponen una autoridad de la que nadie duda.
En el Putumayo, la prórroga de la emergencia tiene una vigencia de 60 días calendario. En esta área, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
La prioridad en esta región es la lucha frontal contra el narcotráfico, la minería ilegal y el resguardo de la soberanía nacional frente a la posible incursión de grupos armados extranjeros.
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Esa provincia de la región Loreto es una estrecha franja que se extiende en paralelo a la frontera con Colombia, cuyo límite natural es el río Putumayo. Allí, en esos 1.500 kilómetros de frontera, grupos armados extranjeros ligados al narcotráfico mantienen una larga y cruenta disputa por el dominio territorial y fluvial, según las autoridades.
Aunque allí la violencia es constante, hay episodios recientes, algunos de ellos no conocidos.
En Puerto Lupita, un sector del distrito de Teniente Manuel Clavero (que pertenece a la provincia de Putumayo), cinco colombianos y un brasilero fueron encontrados cerca del río echados boca abajo, con la cabeza y el cuerpo agujereados por balas de fusil.
Las muertes violentas en suelo peruano se deben, en todos los casos, a la guerra abierta entre colombianos de los grupos armados organizados (GAO), quienes trafican droga y pugnan por controlar el territorio, y los grupos armados organizados residuales (GAOr), que también disputan el dominio de la zona pero que en sus filas incluyen a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De otro lado, en la provincia de Pataz, el control del orden interno continúa a cargo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), con el apoyo constante de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Esta medida responde a la persistencia de actividades vinculadas a la minería ilegal, atentados contra la infraestructura energética y la presencia de organizaciones criminales que ponen en riesgo la paz social.
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De esta manera, el sector Defensa reafirma su operatividad y despliegue estratégico en los puntos más complejos del territorio, trabajando por la paz y la seguridad necesaria para el desarrollo nacional.
Es por ello que, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y garantizar el orden interno en estas zonas críticas del país, el sector Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, llevará a cabo operaciones de combate tras la declaratoria de estado de emergencia, por 60 días, en Pataz y Putumayo.
Según los Decretos Supremos N° 049-2026-PCM y N° 050-2026-PCM, estas medidas excepcionales permitirán que los militares y policías continúen golpeando las estructuras logísticas de las mafias que operan en estas jurisdicciones.
