La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una medida que busca la reconciliación entre sectores políticos, pero que generó críticas por su alcance limitado y exclusiones.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) y dirigentes políticos expresaron opiniones divididas: algunos la recibieron con optimismo cauteloso, mientras otros la rechazaron por insuficiente y revictimizante.
La ley aplica a trece eventos específicos entre 2002 y 2025, y deja fuera casos como violaciones graves a derechos humanos o acciones armadas.
El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, criticó la norma en una publicación en X. «Esto, sin duda, no se corresponde con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esa naturaleza», afirmó Murillo.
Provea planteó observaciones no incluidas, como anular inhabilitaciones políticas por contrarias al derecho de participación. Murillo agregó que su organización exigirá «la liberación plena, incondicional e inmediata de todas las personas que han sido detenidas de manera arbitraria por razones políticas».
Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, mostró optimismo moderado. Indicó en X que «hay que recibir con optimismo la aprobación de la ley, pero que también es restrictiva y deja por fuera muchos casos».
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón calificó el texto como «revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos». Agregó en X: «Advertimos que no bastaba un anuncio ni una narrativa de reconciliación si el contenido mantenía filtros, condicionamientos y ambigüedades capaces de dejar por fuera a quienes más necesitan justicia».
El partido Primero Justicia, por su parte, rechazó la ley en un comunicado. Declaró que «los presos políticos civiles y militares son inocentes y deben ser liberados plena e inmediatamente».
Calificó la norma como «insuficiente y sesgada» y enfatizó: «No hay amnistía verdadera cuando las liberaciones dependen de los mismos verdugos que persiguen inocentes». Añadió que «el régimen tiene la llave de los calabozos que llenó de inocentes. Si su voluntad es real, las liberaciones podrían hacerse hoy mismo y no serían dilatadas por debates estériles y procedimientos fingidos».
PJ insistió en que «una verdadera amnistía debe pasar por el desmontaje absoluto del sistema represor, tener mecanismos de reparación para las víctimas y garantías claras para la no repetición».
Thelma Fernández, abogada penalista conocida por su defensa de derechos humanos, rechazó la ley como «inaceptable» desde perspectivas jurídica y ética. Afirmó en X que «no es un paso hacia la justicia ni hacia la reconciliación; es simplemente una movida política de los hermanos Rodríguez cuya finalidad es generar falsas expectativas y simular un cambio que en realidad no transforma absolutamente nada».
Subrayó que mantiene intacto el aparato represivo y se convierte en «un mecanismo de impunidad selectiva».
Según varias ONG, la ley representa un avance parcial, pero falla en promover una reconciliación genuina y deja intactas estructuras represivas.
Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano y defensora de derechos humanos, rechazó la norma por insuficiente. «Aún no dispongo del texto completo que ha sido aprobado. Por lo que solo puedo hacer una valoración inicial. En primer lugar, destaco que, si bien se agregaron algunos hechos adicionales al catálogo del artículo 8, la cantidad de exclusiones es significativa», analizó en X.
Solórzano expresó preocupación por condicionamientos. «Igualmente ponemos el acento en la redacción final del artículo 7, que tiene cláusulas que deben mirarse con inquietud y preocupación. No se trata de una objeción ligera: hay elementos que podrían afectar la naturaleza misma de la amnistía», advirtió.
Capriles subrayó el carácter humanitario. «La amnistía no es un favor político, es una necesidad para avanzar hacia una transición democrática y permitir CERRAR un capítulo muy oscuro de persecución, hostigamiento, de injusticias. Ningún trámite parlamentario debe frenar un derecho humano fundamental», concluyó.
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