La infraestructura de vigilancia en Venezuela funciona como un sistema de control autoritario integral que va más allá de tecnologías aisladas o instituciones específicas. Esta es una de las principales conclusiones del informe “Los vigilantes en la mira: tecnologías para el control político en Venezuela”, presentado por la organización Conexión Segura y Libre (VE sin Filtro) y el Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab) del Atlantic Council.
El estudio, elaborado entre octubre de 2023 y enero de 2026 —periodo que incluye la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026—, detalla cómo estas tecnologías de vigilancia se utilizaron durante su gobierno y continúan operativas bajo la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Tecnologías clave identificadas
Entre los hallazgos principales del informe destacan:
El sistema VEN911, integrado con redes de circuito cerrado de televisión (CCTV), que ha servido para identificar, localizar y perseguir a disidentes políticos.
La interceptación de telecomunicaciones a gran escala.
El monitoreo de redes sociales y ciberpatrullaje.
El uso de aplicaciones móviles promovidas por el Estado, como el Sistema Patria y VenApp.
Registros sistemáticos e incautaciones de dispositivos electrónicos en puestos de control y centros de detención.
Operaciones de vigilancia con drones.
Ciberataques sofisticados, incluyendo campañas de phishing y posible despliegue de software malicioso.
Según el informe, este ecosistema ha tenido un costo superior a los mil millones de dólares y facilita la represión sistemática de aproximadamente 27 millones de personas, generando una severa restricción del espacio cívico y de los derechos humanos.
Los autores, Andrés Azpúrua (director ejecutivo de Ve sin Filtro) e Iria Puyosa (investigadora sénior del DFRLab), subrayan que la convergencia entre videovigilancia, interceptación de comunicaciones, ciberpatrullaje, aplicaciones estatales y ciberataques crea un aparato de control que trasciende el cambio de liderazgo y sigue plenamente funcional.
Recomendaciones del informe
Las organizaciones investigadoras proponen medidas concretas, entre ellas:
- Que organizaciones de la sociedad civil implementen y capaciten a poblaciones vulnerables en seguridad digital y técnicas de antivigilancia.
- La adopción de protocolos de mitigación adaptados a los roles y actividades de las personas en riesgo.
- Que gobiernos democráticos exijan el desmantelamiento de la infraestructura de vigilancia política y rendición de cuentas por los abusos documentados.
- Que organismos multilaterales desarrollen marcos de responsabilidad para proveedores de tecnologías de vigilancia que contribuyan a violaciones de derechos humanos.
El informe completo está disponible para descarga en: https://vesinfiltro.org/noticias/vigilantes-en-la-mira/.
Esta investigación surge en un momento clave para Venezuela, donde persisten preocupaciones sobre el uso de tecnologías de “seguridad ciudadana” como instrumentos de persecución política, incluso después de los recientes cambios en el poder ejecutivo.
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