El presidente Luis Abinader habló al país con un tono que pocas veces se escucha en medio de una crisis: sin dramatismo, pero sin evasivas. Reconoció lo evidente el impacto de la guerra en Irán sobre los precios del petróleo y dejó claro que República Dominicana no está aislada de ese golpe global.
Hasta ahí, el mensaje conecta. El problema empieza cuando esa realidad internacional aterriza en el bolsillo de los dominicanos.
El Gobierno ha planteado tres líneas de acción: mantener la estabilidad macroeconómica, proteger a los sectores más vulnerables y sostener la inversión pública. En paralelo, anunció subsidios a fertilizantes, el mantenimiento del GLP sin alza y el fortalecimiento de programas sociales. Medidas necesarias, sin duda.
Pero mientras se protege una parte, otra empieza a sentir el ajuste.
Los precios de los combustibles ya han registrado aumentos, y con ellos se activa una cadena predecible: sube el transporte, suben los alimentos y se encarece el costo de vida. Es ahí donde surge la pregunta incómoda: ¿quién está absorbiendo realmente el impacto?
El presidente habló de “sacrificios inevitables” y de una “corresponsabilidad” entre el Estado, las empresas y la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica, ese sacrificio no siempre se distribuye de manera equitativa. Mientras los sectores más vulnerables cuentan con mecanismos de protección, y el Estado busca equilibrar sus finanzas, la clase media queda atrapada en el medio: sin subsidios directos, pero expuesta al aumento constante de los precios.
El argumento del “choque externo” es válido. República Dominicana importa el 100 % de los combustibles que consume y no tiene control sobre el precio internacional del petróleo. Pero aceptar esa realidad no debería cerrar el debate sobre cómo se manejan sus efectos a lo interno.
Porque una cosa es que la crisis venga de fuera, y otra muy distinta es cómo se decide repartir sus consecuencias dentro del país.
El Gobierno ha optado por ajustes graduales para evitar un desbalance fiscal mayor. Es una decisión responsable desde el punto de vista técnico. Pero desde la perspectiva ciudadana, esos ajustes se sienten inmediatos, constantes y acumulativos.
La estabilidad macroeconómica que se exhibe en cifras —reservas sólidas, crecimiento sostenido, acceso a financiamiento— no siempre se traduce en alivio cotidiano. Y esa desconexión es la que comienza a generar ruido.
El propio presidente lo dijo con claridad: habrá presiones en la electricidad, el transporte y los alimentos. Es decir, en los tres pilares básicos del gasto familiar.
En ese contexto, la gran interrogante no es si el país está preparado para enfrentar la crisis. Probablemente lo esté. La verdadera pregunta es si los dominicanos también lo están.
Porque las crisis internacionales no se eligen. Pero la forma en que se distribuyen sus efectos, sí.
Y ahí es donde se define, más que la estabilidad económica, la justicia de las decisiones.
