Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela durante esta semana, el diputado Jorge Arreaza informó a través de una entrevista que el Ministerio Público solicitó a los tribunales competentes la excarcelación de 379 presos políticos entre la noche del viernes y la mañana de este sábado.
Arreaza detalló que 371 de estos casos son en Caracas, cinco en Barinas, dos en Portuguesa y una Monagas.
Este anuncio se dio un día después de que la Ley fuera publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Entre sus puntos dice que esta Ley busca “contribuir a la promoción de la paz, la convivencia democrática, la rectificación y la reconciliación nacional” y “favorecer la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas por esta Ley”.
La amnistía, como explica el boletín publicado, señala que está dirigido a quienes cometieron delitos o faltas entre 1999 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta legislación.
Se excluyen, sin embargo, delitos relacionados con; violaciones a los derechos humanos, homicidio intencional y lesiones gravísimas, también el tráfico de sustancias y delitos previstos en la Ley contra la Corrupción.
Para llevar a cabo esta nueva medida, el gobierno venezolano creó una comisión especial abocada a determinar las solicitudes que entrarían en esta en el marco de esta Ley.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela mencionó tras la aprobación de moción que “cualquier persona que sienta que debe ser abordado por esa comisión, que acuda y será atendido”.
Cuestionamientos a la ley
Organismos que velan por los derechos humanos en Venezuela, como la ONG Foro Penal, han mostrado preocupación contra ciertos aspectos de la aplicación de esta nueva normativa, pese a que sí han confirmado que se están materializando algunas excarcelaciones.
En una rueda de prensa, desde Foro Penal, su vicepresidente, Gonzalo Himiob, informó que, según sus registros un total de 2.742 personas habrían sido detenidas solo entre 2024 y 2025, y de ellas 2.186 ya habrían sido excarceladas. Sin embargo, dijeron que todavía siguen 321 personas presas.
“Uno de los problemas que tiene la ley es su excesiva discrecionalidad. Nosotros habíamos sugerido que para que se determinase quienes eran los beneficiarios de la amnistía se estableciese una comisión integrada por, por ejemplo, la oficina de los altos comisionados de la ONU, una representación de la Asamblea Nacional, una representación del poder Ejecutivo y una representación de las ONG”, señaló Himiob.
Alfredo Romero, presidente de la ONG catalogó la aprobación de esta ley como “mínimo comienzo” y reiteró la importancia del “desmantelamiento del sistema represivo”.
Asimismo, advirtieron que al menos 400 presos políticos quedarían fuera de la Ley de Amnistía, incluyendo a los detenidos en otros años. “Su mayoría, militares y civiles relacionados con las operaciones militares”, dijo Romero.
