El Gobierno de la República Dominicana informó que el país alcanzó 37 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), resultado que, según indicó, consolida una tendencia de mejora sostenida y posiciona a la nación entre el grupo de países que han logrado avances continuos en este indicador a nivel internacional.
De acuerdo con el Gobierno, el IPC constituye un indicador estratégico para el seguimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ya que permite evaluar, desde una perspectiva comparada, los avances de los Estados en materia de integridad pública, transparencia y calidad institucional. En ese contexto, explicó que la puntuación obtenida refleja una mejora acumulada en los últimos cinco años y evidencia progresos consistentes en el fortalecimiento de la gestión pública y la institucionalidad democrática.
Las autoridades señalaron que el país ha experimentado un avance de nueve puntos desde 2020, equivalente a una mejora del 32 % en la puntuación general y un ascenso de 33 posiciones en el ranking global durante ese período.

Asimismo, el Gobierno destacó que este desempeño permitió un ascenso de ocho posiciones en la clasificación más reciente y que, por primera vez desde la ampliación del número de países evaluados, la República Dominicana se ubica entre los primeros 100 a nivel mundial.
En la comparación regional, el Gobierno resaltó que la República Dominicana supera a países como México (31), El Salvador (31), Honduras (23) y Nicaragua (17), lo que, a su juicio, evidencia el progreso relativo alcanzado frente a otras naciones de la región.
Según la nota de prensa, la evolución positiva de este indicador reafirma la efectividad de las políticas públicas orientadas a la prevención y combate de la corrupción, en coherencia con los objetivos de la planificación nacional de largo plazo.
Finalmente, reiteró su compromiso de continuar impulsando reformas normativas, el fortalecimiento institucional y los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, como pilares para consolidar la confianza ciudadana y garantizar una gestión pública ética y eficiente, alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los compromisos internacionales del país en materia de gobernanza democrática y lucha contra la corrupción.

