Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.– El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), defendió el reforzamiento de su política migratoria frente a la migración irregular, especialmente de nacionales haitianos, y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos y el cumplimiento del marco legal vigente en la materia.
Mediante un comunicado, el Estado fijó posición ante el reciente pronunciamiento emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cuestionó las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas para controlar la migración irregular, entre ellas la implementación de un protocolo para regular la afluencia de parturientas haitianas indocumentadas en los hospitales públicos, con el objetivo de mitigar el impacto presupuestario de los partos.
“República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio”, recordó el Gobierno en el documento, en el que reiteró que dicha potestad no es discrecional ni arbitraria, ya que se ejerce conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.
En ese sentido, subrayó que el fenómeno migratorio que enfrenta el país debe analizarse desde una perspectiva regional, debido a la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria que atraviesa Haití, la cual ha generado una presión migratoria “sostenida y excepcional” sobre el territorio dominicano.
El Estado reiteró que, durante décadas, República Dominicana ha asumido una carga desproporcionada frente a la crisis haitiana, actuando con solidaridad y responsabilidad humana ante una situación que, afirma, trasciende sus fronteras y capacidades.
Explicó que las medidas migratorias adoptadas buscan gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario, con el objetivo de evitar impactos negativos sobre la cohesión social y el gasto en servicios públicos.
En ese orden, expresó su rechazo al llamado de la CIDH a aplicar de manera general el principio de no devolución a todas las personas en condición migratoria irregular, al considerar que esto equivaldría a obligar al país a aceptar el ingreso irrestricto de ciudadanos haitianos, incluso de forma irregular.
“Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo”, enfatizó en el comunicado oficial.
Trato sanitario y condiciones en centros migratorios
Asimismo, el Gobierno informó que en los centros de procesamiento migratorio se han realizado mejoras progresivas en infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica, acompañadas de mecanismos de supervisión interna y coordinación institucional.
Datos oficiales y cooperación internacional
El Estado dominicano, a través del Mirex, también expresó preocupación por lo que considera una priorización de alegaciones no verificadas en el comunicado emitido por la CIDH, por encima de la información oficial suministrada por las autoridades nacionales.
No obstante, reiteró su disposición a un intercambio técnico y transparente de datos, insistiendo en que toda evaluación debe considerar fuentes contrastables y el contexto regional.
“No existe una solución dominicana a la crisis haitiana. República Dominicana continuará abogando activamente en los foros multilaterales por una acción internacional efectiva, solidaria y corresponsable”, apuntó.
Finalmente, el Gobierno reiteró su voluntad de profundizar la cooperación técnica con la CIDH, sobre la base del respeto mutuo y la buena fe, y reafirmó su llamado a una respuesta internacional efectiva, solidaria y corresponsable frente a la crisis haitiana.
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