Caracas.- La ONG Foro Penal informó que alrededor de 400 presos políticos están excluidos de la ley de amnistía aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional (AN), dado que este instrumento solo beneficia a detenidos en 13 momentos específicos entre 1999 y 2026.
En una rueda de prensa, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, precisó que estas 400 personas están vinculadas a operaciones militares, aunque también hay civiles dentro de este grupo.
En este contexto, subrayó que hay personas excluidas de la amnistía que, por ejemplo, fueron «acusadas de delitos que no cometieron» y no pueden ser amnistiados porque fueron arrestados en momentos que no se incluyen en la ley entre 1999 y 2026.
Por tanto, Romero pidió la liberación de todos los presos políticos, que son más de 600 según el conteo de Foro Penal, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.
Por su parte, el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, criticó que hay «15 años completamente por fuera» de la ley, lo que a su juicio desconoce que «la persecución y prisión política» «ha sido continua».
En este sentido, señaló que en la ley de amnistía se hace una «especie de selección indebida y bastante arbitraria de momentos y meses en específicos», en los años 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.
Himiob precisó que si se suman los meses incluidos en la amnistía no llegan a más de 20, cuando, criticó, se suponía que debía abarcar el período de 1999 y 2026.
Por otra parte, indicó que hay 2.742 personas que «de manera inmediata se ven amparadas por la amnistía», ya que fueron detenidas entre 2024 y 2025 en el contexto de crisis política, un período incluido en la ley.
De este grupo, 2.186 han sido excarceladas con medidas cautelares, 321 permanecen detenidos y 235 «salieron en libertad plena o no fueron presentados», según detalló Himiob a EFE.
En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción. También se excluyen aquellas personas que promuevan acciones militares contra el país.
Para el partido opositor Primero Justicia, la ley es «insuficiente y sesgada» mientras que el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, dijo que lo aprobado no corresponde «con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esa naturaleza».
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