El Gobierno de España pondrá fin en junio al mecanismo que desde 2018 permitió a miles de venezolanos regularizar su estatus migratorio de forma expedita. A partir de esa fecha, dejarán de otorgarse de manera generalizada los permisos de residencia por razones humanitarias dirigidos a los venezolanos.
La medida supone el cierre de uno de los esquemas más particulares dentro del sistema de protección internacional español. Durante años, los ciudadanos venezolanos representaron una parte significativa de las solicitudes, lo que llevó al Ejecutivo a replantear su tratamiento y redirigir estos casos hacia los procedimientos ordinarios aplicables a otros migrantes.
La decisión coincide con el avance de una regularización extraordinaria que el Gobierno impulsa tras un acuerdo político, la cual beneficiaría a extranjeros que cumplan requisitos como haber ingresado al país antes del 31 de diciembre de 2025, no tener antecedentes penales relevantes y acreditar un tiempo mínimo de permanencia en territorio español.
Desde fuentes oficiales aseguran que el cambio responde más a un ajuste en los procedimientos que a una modificación de fondo. No obstante, especialistas advierten que el impacto será significativo para quienes contemplan emigrar, ya que las autorizaciones humanitarias pasarían a ser excepcionales y limitadas a situaciones muy específicas.
Desde la implementación de esta política, se han otorgado cerca de 240.000 permisos a ciudadanos venezolanos. En varios años, estos representaron la gran mayoría de las concesiones bajo esta figura, con cifras que rondaron las 40.000 anuales y que en 2025 alcanzaron aproximadamente 50.000.
El proceso consistía en solicitar asilo y, en muchos casos, recibir en su lugar una autorización temporal por motivos humanitarios. Este permiso, válido por un año y prorrogable, permitía trabajar y residir legalmente, además de abrir la posibilidad de acceder a una regularización más estable e incluso a la nacionalidad con el paso del tiempo.
Información del diario El País
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