La Unión Nacional de Empresarios (UNE) planteó la necesidad de que el Gobierno dominicano adopte medidas de austeridad y reduzca el gasto público, como señal para generar confianza en la población ante el contexto económico internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente.
Según Julio César García, presidente de la organización, y Leonel Castellanos, expresidente del gremio, las acciones para enfrentar los efectos de la crisis deben comenzar desde el Estado. Ambos coincidieron en que un plan concreto y visible ayudaría a que el llamado al sacrificio realizado por el presidente Luis Abinader tenga mayor aceptación en la sociedad.
Los representantes empresariales indicaron que el conflicto en el Golfo Pérsico y Medio Oriente genera incertidumbre económica global, lo que podría impactar directamente a la República Dominicana. En ese sentido, señalaron que el Gobierno debe presentar una estrategia clara para mitigar los efectos negativos, especialmente en sectores vulnerables y en las micro, pequeñas y medianas empresas.
García advirtió que la situación internacional podría traducirse en un aumento de los costos empresariales y, en consecuencia, en mayores precios para los consumidores. Explicó que el alza en los combustibles y en los costos de transporte influye en el encarecimiento de materias primas y servicios, lo que termina afectando el costo de vida.
Por su parte, Castellanos destacó que el escenario económico es incierto e impredecible, en línea con reportes recientes de organismos internacionales que señalan una desaceleración del crecimiento global. Consideró que este contexto también representa una oportunidad para revisar políticas económicas internas.
Entre las medidas sugeridas, mencionó la necesidad de evaluar y focalizar los subsidios estatales para dirigirlos a los sectores que más lo necesitan, así como promover condiciones que faciliten la inversión privada y fortalezcan los ingresos del Estado.
En conjunto, los dirigentes empresariales reiteraron que las decisiones gubernamentales deben ser coherentes y perceptibles para la ciudadanía, priorizando la protección de los sectores más vulnerables ante los efectos de la coyuntura internacional.
