El líder de los populares guarda silencio sobre el juicio de la guerra sucia policial que arrancó este lunes y en Génova establecen un cordón sanitario con el expresidente: "El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel"
El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio de Kitchen ante “nuevas” pruebas
Si Luis Bárcenas llegó a ser un día “ese señor del que usted me habla” para Mariano Rajoy, el expresidente ocupa hoy un lugar parecido en el discurso de su partido. En pleno juicio de la causa contra la guerra sucia del PP para destruir pruebas de su caja B, en Génova intentan ahora marcar distancias con el hombre que estuvo al frente de un Gobierno en el que su Ministerio del Interior organizó y ejecutó una operación con fondos públicos reservados para tapar su propia corrupción y con el que han contado políticamente hasta hace menos de un mes para la campaña electoral de Castilla y León.
“Yo no soy el juez ni el responsable para decidir quién es culpable o inocente”. Esa fue la respuesta oficial que se limitó a ofrecer este lunes la dirección de los populares en boca de su vicesecretario general, Juan Bravo, que evitó mojarse más ante la pregunta específica de la prensa sobre si la actual dirección del PP confía en la inocencia de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en relación con la operación Kitchen tras ser señalados por Bárcenas. Bravo se limitó a pedir “respeto” al procedimiento judicial y a esperar “que los jueces decidan y exijan responsabilidades a quien lo haya hecho”, sin atisbo de mano en el fuego por sus compañeros de filas.
“El PP tiene una posición clara: que la Justicia actúe con independencia y los culpables paguen por los delitos”, insistió el dirigente del PP, que hizo hincapié en establecer un cordón sanitario con un Partido Popular que, a su juicio, ya no existe. “Condenamos sin ningún matiz cualquier causa de corrupción. El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel; ni el PSOE de 2026 es Filesa. Respetamos a la justicia y planteamos un análisis claro: Feijóo no tiene en su equipo a nadie involucrado en casos de corrupción”, zanjó Bravo ante las preguntas de la prensa tras dar a entender que su partido ya pagó por la corrupción el precio que tenía que pagar: “El PP tuvo una moción de censura y salió del Gobierno”.
Esa estrategia de los populares de intentar desvincularse ahora de Mariano Rajoy y su legado de corrupción supone, en realidad, un volantazo de última hora en toda regla. Porque el expresidente no es, ni mucho menos, un denostado para los de Feijóo, que han contado con él activamente para la última cita electoral de Castilla y León. Y que le otorgó un papel destacado en el último congreso del partido el verano pasado, cuando Rajoy llegó a reivindicar su mano dura contra la corrupción entre la ovación de su partido.
“Cuando nosotros tuvimos problemas, nos juntamos y lo que hicimos fue endurecer las leyes para mejorar la lucha contra el delito. Ahora que hay un agujero negro, se han puesto a endurecer las leyes contra la independencia judicial. Esa es la diferencia, unos actuamos contra la corrupción y otros contra los jueces, contra los fiscales y la Guardia Civil”, dijo Rajoy entonces respecto a su balance como gestor de escándalos.
En mitad de la cascada de noticias sobre la socialista Leire Díez y su presunta implicación en intentos de chantaje, el político que encargó a Jorge Fernández Díaz ponerse al frente de la Policía y la Guardia Civil llegó a hablar de un escándalo “nunca visto” en España. “Una destacada militante socialista arropada por el secretario de Organización de su partido, creando un sindicato de intereses con personajes de dudosa condición para organizar campañas de desprestigio contra jueces, fiscales y guardias civiles... yo por lo menos, no lo había visto. Es algo increíble. Es alucinante. Es asombroso. No se conocen precedentes de algo así ni parecido”. Su ministro del Interior se enfrenta ahora a una pena de 15 años de cárcel por organizar un grupo parapolicial que fabricó pruebas falsas contra rivales políticos e intentó destruir las pruebas de la histórica corrupción del PP conocida como ‘caso Gürtel’ que guardaba el que fuera tesorero de la formación, Luis Bárcenas.
Sobre nada de ello se pronunció este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que guardó silencio incluso en sus propias redes sociales tras participar en el Comité de Dirección de su partido. Los populares sí se volcaron, en cambio, en el otro gran juicio de la semana contra la corrupción del PSOE por el conocido como 'caso mascarillas', que tiene en el centro de la trama al exministro socialista José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor Aldama.
El PSOE pide imputar al PP
Mientras, la acusación popular que ejerce el PSOE solicitó este lunes en el juicio del 'caso Kitchen' que vuelva a ser imputada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y que se atribuya a la formación política de Alberto Núñez Feijóo la condición de responsable civil a título lucrativo. Los socialistas quieren que el tribunal valore “nuevos elementos probatorios” que han permanecido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado.
La abogada Gloria Pascual, en representación de los socialistas, aportó el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que nunca se llegó a producir. García Castellón había abierto una pieza donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. Aunque el contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses.
En uno de esos audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona, según reveló elDiario.es en diciembre del pasado año. Otro de los audios de los que la Policía pedía valoración al juez es el referente a la “libretita” –los papeles de Bárcenas– que Cospedal pidió a Villarejo que parara. El tercero es de 2017 y Villarejo, quien ya se sabía investigado, pide a la número dos del PP intercesión ante los problemas judiciales que le vienen.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazaron la petición del PSOE realizada entonces. Piña, en un duro auto, cargó contra el PSOE, al que acusó de actuar en contra de “la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. Según el juez Piña, los audios “no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal”. Será ahora el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas.
Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.
