El Gobierno de Sánchez va a aprovechar el paquete anticrisis por la guerra de Irán para retirar permisos de acceso a la red eléctrica a empresas y proyectos que no cumplan una serie de requisitos, según fuentes del Ejecutivo. La medida pone de manifiesto que, en lugar de invertir en ampliar y reforzar la infraestructura energética, el Gobierno opta por expulsar a quienes ya tienen una reserva de capacidad.
El Ejecutivo reconoce que una de las principales barreras a la electrificación de España son las limitaciones de la propia red: cualquier industria que quiera electrificarse o cualquier empresa que quiera lanzar un nuevo proyecto necesita conectarse a ella, y ahí comienza el problema.
Las fuentes consultadas explican la paradoja que bloquea el sistema: la red está infrautilizada en la práctica, pero colapsada sobre el papel. Dicho de otro modo, una parte importante de la capacidad de la red no está siendo usada, aunque sí figura como reservada por titulares que, de momento, no han hecho nada con ella.
Mientras tanto, la cola de espera se alarga. Industrias ya en funcionamiento que quieren aumentar su consumo, o promociones de vivienda que necesitan conectarse, no encuentran hueco en una red que, sobre el papel, aparece saturada. La magnitud del problema queda clara en un dato: en los últimos años, al menos el 90% de toda la capacidad nueva concedida no ha llegado a utilizarse.
El Gobierno distingue, no obstante, entre la demora legítima y la especulación. Reconoce que ciertos proyectos —una gran fábrica, una gigafactoría, una planta de hidrógeno— necesitan años de maduración antes de arrancar. Pero sostiene que otro tipo de reservas no avanzan ni dan señales de vida, y que detrás de ellas puede haber un comportamiento puramente especulativo: acaparar capacidad con valor económico sin intención real de usarla.
Esa es la justificación que esgrime ahora para retirar permisos a titulares que, a su juicio, no merecen mantenerlos. El criterio declarado es dar prioridad a la industria operativa que quiere crecer o a las promociones residenciales que necesitan conectarse. En la práctica, el Ejecutivo se reserva la potestad de decidir qué proyectos considera solventes y cuáles no.
Para ello, se va a publicar cada semestre un informe con el estado de cuántos permisos de conexión hay concedidos por tipología, con el objetivo de entender qué tipo de demanda está capturando esas conexiones a la red eléctrica. En ese sentido, tanto el Ministerio como las Comunidades Autónomas van a poder saber exactamente qué empresas y en qué puntos se han solicitado dicha conexión y, con ello, estudiar los patrones y concluir qué es lo que sucede.
Con esa información, las fuentes del Gobierno afirman que lo que se va a hacer es tomar medidas para asegurar que los proyectos que ellos interpreten como no reales, que sólo tienen vocación especulativa, tengan un incentivo a no estar, es decir, a salirse de la red eléctrica.
El Gobierno y la red eléctrica
Actualmente, tras un real decreto de 2023, las reservas de la red eléctrica sin utilizarla duran cinco años, o lo que es lo mismo, si se tiene una licencia para conectarse y no se hace en un lustro, se pierde. Sin embargo, ahora el plazo va a cambiar.
A los doce meses, a los tres y a los cuatro años se van a marcar una serie de hitos que hay que ir cumpliendo. Es decir, los proyectos se van a ir revisando para ver si avanzan según lo establecido por el Ejecutivo y, si no es así, se les retirará el permiso de conectarse a la red. Además, si la licencia es para una actividad económica en concreto, no se va a poder utilizar para cualquier otra producción sin pedir un permiso nuevo específico.
Así las cosas, el Gobierno de Sánchez no sólo no invierte en mejorar la infraestructura eléctrica para que todos puedan conectarse, sino que pretende hacer purgas entre los permisos ya concedidos para que haya más hueco y así descongestionar la red.
