Javier Aureliano García declarará el próximo 26 de junio en la última jornada de 34 declaraciones de investigados que arrancarán un mes antes
La UCO concluye que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con dinero de la corrupción
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha citado al expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García en el caso de corrupción en el que figura como imputado, relacionado con la recepción de mordidas a cambio de contratos adjudicados por la administración local. García, que también era presidente del PP de Almería, tendrá que declarar como investigado el próximo 26 de junio, según la providencia del juzgado a la que ha tenido acceso elDiario.es.
La citación de Javier Aureliano García figura en una larga lista donde el magistrado llama a todos los imputados a prestar declaración. En ella también figuran los antiguos colaboradores de Aureliano García en la Diputación. Su número dos, Fernando Giménez, y el investigado desde hace años, Óscar Liria, que fue número tres de la Diputación Provincial. En total son 34 declaraciones que tendrán lugar entre 28 de mayo próximo y el 26 de junio. Este último día, además del ex presidente de la Diputación declararán como investigados dos de sus hermanos, quienes le habrían ayudado a blanquear las mordidas.
Las citaciones se producen después de que el juez recibiera un informe que había solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con un resumen de los indicios contra el político, líder del PP regional hasta su detención, y el resto de encartados. De García, la UCO concluye que recibió dinero en metálico y que pagó la hipoteca de una vivienda con los fondos que recibió a cambio de adjudicar contratos de la Diputación a los empresarios investigados.
Los agentes han detectado “varias operativas” que habrían servido a Javier Aureliano García para integrar “en el circuito financiero legal” el dinero procedente de la corrupción y en las que habrían participado sus hermanos, María Rosario y Juan Carlos. El expresidente de la Diputación se habría cuidado de no ingresar el dinero en una cuenta a su nombre sino en otra cuyos titulares eran sus padres, ya fallecidos, y su hermana María del Rosario. Desde esa cuenta se pagaban las cuotas de una hipoteca de la que era titular el presidente del PP almeriense.
Por otra parte, los hermanos habrían utilizado una “comunidad de bienes” para “canalizar una serie de fondos hasta los productos bancarios titulados por Javier Aureliano García Molina. ”Existen indicios de los que se evidencia que se trataría de una operativa simulada, a los únicos efectos de otorgar a estos pagos un origen distinto del real“, escribe la UCO en su informe fechado el pasado 9 de marzo, al que ha tenido acceso elDiario.es.
El dinero de la corrupción procedería de la “adjudicación aparentemente fraudulenta” de contratos públicos de la Diputación de Almería, concretamente de su Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente. La Guardia Civil cita tres plantes provinciales: PCEM, PIBIO y Acelera 2020.
Óscar Liria, quien fuera número 3 de la Diputación, habría cobrado en efectivo de los empresarios y entregado una parte a Javier Aureliano García. El número dos de la Diputación, Fernando Giménez, se sirvió presuntamente de la introducción de sobrecostes en un contrato de mascarillas de casi un millón de euros. A cambio, como Javier Aureliano, su compañero Liria le habría entregado mordidas.
Fernando Giménez está citado a declarar el próximo 4 de junio, la segunda jornada de declaraciones. Óscar Liria tendrá que comparecer en la primera, fijada para el 28 de mayo, en la que también está citado el empresario acusado de corromper a los polícitos, Kilian López Solé.
García y Giménez fueron detenidos el pasado noviembre en la última fase de la operación. La primera parte se desarrolló en 2021 y en ella fue arrestado Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero de la Diputación. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería les acusa de liderar una estructura criminal de amaño de adjudicaciones de la Diputación a cambio de mordidas.
Junto a los cinco detenidos que realizó la Guardia Civil había otros 17 investigados, incluidos dos hermanos de Javier Aurelio. Los agentes siguen indagando en las evidencias obtenidas durante la explotación de la operación, como el contenido de los móviles incautados. Según adelantó elDiario.es, la Guardia Civil recibió autorización del juzgado para pinchar el teléfono del presidente de la Diputación y grabó un encuentro de este con otro de los imputados.
