El actual secretario general del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso, siendo letrado en activo en la Cámara Baja, colaboró con el candidato socialista Eduardo Madina en las elecciones primarias celebradas en 2014, según han confirmado a OKDIARIO algunas de las personas que trabajaron y asesoraron en aquella ocasión a Madina. En ellas, acabó venciendo Pedro Sánchez. Fuentes jurídicas, por otra parte, han confirmado a este periódico que Galindo ni informó ni solicitó compatibilidad de funciones para hacerlo, puesto que es una actividad considerada «incompatible» en el Estatuto del Personal.
En la actualidad, Fernando Galindo es considerado la «mano derecha» de la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, y el «brazo ejecutor» del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Curiosamente, Galindo, que colaboró en su día con Madina, en las elecciones primarias del PSOE frente a Pedro Sánchez, hoy es una de sus piezas clave, manejando el órgano de Gobierno, que es la Mesa del Congreso, dentro de la Cámara y tutelando cualquier informe o documento que requiera la presidenta, en favor del Gobierno Sánchez.
Aseguran quienes compartieron tiempo y actividades con Galindo que este fue un baluarte en la candidatura de Madina. Incluso «le previno en su día» contra algunas «trampas» que sospechaba estaban cometiendo en la candidatura rival, la de Pedro Sánchez, por parte de su equipo. En este equipo estaban tanto Koldo García como el exministro José Luis Ábalos, hoy en prisión ambos.
Fernando Galindo era por aquel entonces letrado del Congreso de los Diputados en activo, destinado a la Dirección de Asistencia Técnico Parlamentaria, y estaba sometido al Estatuto del Personal de la Cámara Baja, que establece claramente en su artículo 62 f (en el caso del Estatuto que regía en aquel momento) o en el 71 f (en el Estatuto del Personal reformado recientemente) que es incompatible «el asesoramiento a partidos políticos, grupos parlamentarios, sindicatos, asociaciones empresariales o cualquier tipo de grupo o asociación que tenga relación directa con las funciones desarrolladas por las Cortes Generales».
Sin embargo, Galindo asesoró, con mucha discreción, al candidato Madina y a miembros de su equipo que, con mucha discreción, le trasladaron dudas jurídicas, generalmente.
Este mismo Estatuto al que estaba sometido Galindo establece en su artículo 60.3 que «El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de este Estatuto será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad pública o privada que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia».
No obstante, pese a que el hecho de ayudar al diputado Madina en detrimento del diputado Sánchez y comprometer su imparcialidad, Galindo tuvo su papel, siempre en la sombra y sin aparecer en acto público alguno, en la campaña de Madina.
Por último, el artículo 62.2 establece en su artículo 1.a que el funcionario en servicio activo de las Cortes Generales no podrá ejercer en ningún caso «el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público».
Pese a todos estos artículos, Galindo era la fuente jurídica en la que se apoyaban y a la que recurrían en caso de duda los miembros del equipo de Eduardo Madina. Si bien las fuentes consultadas especifican que fue «muy cuidadoso» en su labor, puesto que jamás se le vio aparecer por una reunión de equipo, ni por un mitin del candidato. Sin embargo, «era a él a quien había que recurrir para resolver dudas jurídicas, censos y avales», explica uno de los miembros de la campaña de Madina.
Las fuentes jurídicas consultadas, por otra parte, aseguran que esa discreción «solo puede responder al miedo a ser sorprendido en una infracción muy grave», puesto que ese tipo de tareas le están expresamente prohibidas a un letrado en activo.
De hecho, añaden que «tendría que haber solicitado la compatibilidad al Congreso de los Diputados para hacer esas labores de asesoría o de ayuda». Pero, a renglón seguido, argumentan que «es evidente que no lo hizo, porque el Congreso jamás le podría haber autorizado el asesoramiento a un diputado en una campaña electoral».
