El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde Dubái un paquete de cinco medidas con la intención de regular las plataformas digitales, entre las que destaca la prohibición total del acceso a redes sociales para menores de 16 años y sanciones penales contra la manipulación de algoritmos. Las propuestas necesitarán pasar aún por el Congreso.
Anuncio. Las redes sociales se han convertido en un "estado fallido donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos", contaba Pedro Sánchez este martes en el World Governments Summit de Dubái . No es la primera vez que el presidente ha arremetido contra las plataformas, pues hace menos de dos semanas ya propuso en Davos acabar con el anonimato en redes y responsabilizar penalmente a sus propietarios. Ahora ha concretado medidas legislativas que, según Sánchez, comenzarán a tramitarse "la semana que viene".
Las cinco medidas anunciadas. El paquete incluye:
- Prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, obligando a las plataformas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.
- Responsabilidad penal para los directivos de las plataformas si no retiran contenidos de odio o ilegales.
- Castigo legal para la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenidos ilegales.
- Creación de un sistema de rastreo, referido por Sánchez como una "huella de odio y polarización", que cuantificará cómo las plataformas amplifican la división social y que servirá de base para futuras sanciones.
- Colaboración entre Gobierno y Fiscalía para investigar y enjuiciar delitos cometidos por Grok (la IA de X), TikTok e Instagram.
Prohibición a menores. España seguiría así los pasos de Francia o Australia, que ya han legislado en esta dirección con límites de edad de 15 y 16 años respectivamente. El anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales, aprobado en junio de 2024 y actualmente en tramitación parlamentaria, ya contemplaba elevar de 14 a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sin consentimiento paterno.
Lo que ahora plantea el Gobierno es introducir una enmienda que refleje de manera expresa esa prohibición total y obligue a las plataformas a implantar verificaciones de edad. El Presidente del Gobierno justificó la medida afirmando que los niños están expuestos "a un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación".
Responsabilidad penal para directivos. Aunque la Unión Europea ya exige responsabilidades a las grandes plataformas a través del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que hasta ahora ha permitido imponer multas como los 120 millones de euros a X por incumplimientos de transparencia, la medida anunciada por Sánchez se diferencia en atribuir responsabilidad penal directa a los directivos. Según el anuncio, esto se articulará mediante un Proyecto de Ley Orgánica que deberá pasar por el Parlamento.
Algoritmos y contenido ilegal. La tipificación como delito de la manipulación algorítmica es quizás la medida más ambiciosa y menos detallada. Sánchez afirmó que "se acabó ocultarse bajo el código y decir que la tecnología es neutra", apuntando a las plataformas cuyos algoritmos amplifican desinformación "a cambio de beneficios". La iniciativa se iniciará también mediante un Proyecto de Ley Orgánica, aunque el presidente no ha especificado a qué se refiere exactamente con "manipular algoritmos" ni cómo se probará esta manipulación.
La "Huella de Odio" como herramienta de medición. El sistema propuesto pretende cuantificar y revelar cómo las plataformas "alimentan la división y amplifican el odio", algo que Sánchez reconoció que hasta ahora se consideraba "invisible e imposible de cuantificar". Esta herramienta serviría de base para definir futuras sanciones, estableciendo que difundir odio debe tener un coste "legal, económico y ético" que las plataformas no puedan ignorar. Sin embargo, tampoco se han ofrecido detalles sobre cómo funcionará técnicamente ni qué métricas utilizará.
Investigaciones específicas a plataformas. El Gobierno trabajará con la Fiscalía para investigar posibles delitos de Grok, TikTok e Instagram. Tal y como señala El País, en el caso de Grok, el Ministerio de Juventud e Infancia ya trasladó hace semanas un escrito a la Fiscalía solicitando que se investigue si la IA de X ha incumplido la ley en materia de difusión de contenido de violencia sexual contra la infancia, tras la difusión de más de tres millones de imágenes de mujeres sexualizadas, incluidas menores. La polémica motivó a la Comisión Europea para abrir una investigación.
Unión con otros países. Sánchez reconocía que es "una batalla que excede con mucho las fronteras de cualquier país" y anunció que España se ha aliado con otros cinco países europeos en una "Coalición de los Digitalmente Dispuestos", que promete imponer una regulación más estricta, rápida y efectiva. Desde el medio El Confidencial cuentan que la primera reunión de esta coalición se celebrará en los próximos días, aunque no se han revelado los detalles ni qué países la integran.
Lo complicado de este paquete de medidas es encontrar una implementación práctica, por un lado por la minoría parlamentaria del Gobierno, y por otro la complejidad técnica que requiere para implementar de manera efectiva sistemas como la verificación de edad o la detección de manipulación algorítmica.
A todo esto hay que sumarle un melón gordo: ¿Qué es una red social? ¿Cuáles son consideradas redes sociales y cuáles no? Cada vez son más gobiernos los que quieren limitarlas, pero implementar medidas prácticas será una tarea difícil.
Imagen de portada | La Moncloa (Flickr)
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