EH Bildu y Podemos muestran su descontento con las medidas para combatir la subida de precios por Irán al centrarse en una “bajada de impuestos”, mientras el PP tampoco desvela qué votará. El decreto para congelar el precio de los arrendamientos tiene pocos visos de prosperar
El Gobierno aprueba dos decretos anticrisis distintos: uno con la congelación de los alquileres y otro con el resto de medidas económicas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio este viernes por hecho que el Congreso convalidará el próximo jueves el real decreto-ley aprobado de forma extraordinaria para intentar paliar el aumento del precio de productos derivados del petróleo y del gas por la guerra de Irán. Pero, de momento, no todos los socios parlamentarios del Ejecutivo han dado su visto bueno, y la ratificación del paquete de 5.000 millones no está garantizada. El otro decreto, el que congela el precio del alquiler de viviendas, tiene más difícil lograr un apoyo suficiente.
“Quiero agradecer [a los grupos] su compromiso en las propuestas” que se han incluido en el decreto, dijo Sánchez en su declaración inicial ante los medios este viernes. “Y espero, también, en el apoyo y la convalidación de este importante decreto”, añadió inmediatamente después, lo que da a entender que el Gobierno no tiene garantizados completamente los apoyos necesarios para sacar adelante el texto legal. Ya en las preguntas de los periodistas, Sánchez se mostró más seguro de tener los apoyos necesarios. “Hay, entiendo, una mayoría para la convalidación de este paquete de 5.000 millones”, afirmó. Pero tampoco quiso darlo por hecho.
Y es que la endiablada aritmética parlamentaria de esta legislatura hace muy difícil prever con seguridad qué va a pasar. El Gobierno depende de una coalición atípica que incluye a partidos de izquierdas y de derechas, más o menos radicales, además de nacionalistas e independentistas. Hacer coincidir todos sus intereses —materiales, políticos y comunicativos— es complicado. Y, hoy por hoy, la realidad es que el Gobierno no tiene garantizados todos los apoyos, al menos en público.
Sánchez puede contar con el 'no' seguro de Vox. Los de Santiago Abascal hace meses que adoptaron la estrategia de oponerse frontalmente a cualquier planteamiento del Gobierno, sin tener en cuenta el fondo y la forma. Como ha expresado en alguna ocasión el líder ultra, siempre dispuesto a poner una zancadilla al PP, si sostienes que el Gobierno es una “mafia”, difícilmente puedes aceptar ninguna de sus medidas.
El PP no lo tiene tan claro, y ha basculado en las últimas horas entre intentar hacer mofa de Pedro Sánchez por haber, supuestamente, asumido todas sus propuestas económicas, y dejar en el aire el sentido de su voto en la convalidación en el Congreso prevista para el próximo jueves. “Bienvenido a la ‘fachosfera”, ironizó el viernes el secretario general, Miguel Tellado. “A nosotros nos causa risa y al presidente del Gobierno debería causarle sonrojo”, añadió el 'número dos' de Feijóo.
A la vez, el PP se ha esforzado en dar a entender que no saben todavía si votar a favor o no. Desde la dirección del partido apuntan a elDiario.es que “el único voto favorable que el PP podía garantizar era a un decreto que incluyera todas y cada una” de sus medidas “y ninguna otra propuesta”.
Y el plan del Gobierno no cumple esta premisa al completo. Aunque sí recoge bajadas de impuestos reclamadas por el PP (al combustible y a la electricidad), el decreto también amplía las herramientas de la Comisión de Mercados y Competencia para garantizar que las empresas trasladen la rebaja de impuestos al precio final y no aprovechen para engordar su margen de beneficio, como han hecho en otras ocasiones, según dijo el presidente del Gobierno.
El PP, Vox y Junts ya sumaron sus votos para tumbar un decreto para topar los precios en emergencias o catástrofes como la de Adamuz o la dana hace menos de un mes. Además, el paquete establece medidas de carácter “estructural” para avanzar en la “descarbonización” de la economía y de la climatización de los hogares, según explicó Sánchez.
Feijóo mantendrá así el silencio sobre el voto del PP hasta que los demás partidos hayan hecho pública su posición o, en última instancia, hasta la votación.
El decreto de Irán, en manos de los socios
El punto primero del manual Feijóo para asaltar la Moncloa es no apoyar al Gobierno si se le puede endosar una derrota. Por eso, concluyen desde Génova, “Sánchez haría bien en ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen el texto”.
La declaración del PP se asienta en que el Gobierno no tiene los números garantizados. Este viernes había recopilado 168 ‘síes’ al real decreto-ley. Los 121 del PSOE, los 26 de Sumar, los siete de ERC, a priori otros tantos de Junts y los cinco del PNV. También es presumible que se sumen la diputada de Coalición Canaria y la de Compromís que se escindió del grupo de Sumar, aunque el partido valenciano exige controlar bien que las empresas no se beneficien de la crisis. Insuficientes si PP, Vox y UPN suman, como suelen, sus votos hasta los 171. El decreto exige más ‘síes’ que ‘noes’ para su aprobación.
Desde EH Bildu se felicitaron este viernes por haber introducido algunas medidas en el plan de choque, como “la ampliación del bono social eléctrico y térmico, la prohibición de cortes de suministros básicos y el mecanismo de ayuda a la industria electrointensiva”. Pero “no es suficiente”, añaden desde el grupo ‘abertzale’, que critica “la rebaja generalizada de impuestos” y exige “un control de precios” directo, y no a través de la CNMC.
Tampoco en Podemos están satisfechos. Fuentes del partido que lidera Ione Belarra aseguran que exigieron al Gobierno aprobar un solo decreto que incluyera el paquete de 5.000 millones y la congelación de los alquileres, algo que no ha ocurrido. Desde Podemos aseguran a elDiario.es que es “muy difícil” el voto favorable. Y que deben decidir entre la abstención y el ‘no’. Está pendiente de pronunciarse el BNG, que tiene un diputado, y que de momento también las ha calificado de insuficientes.
El Gobierno necesita que Bildu o Podemos pasen al ‘sí’ y que el otro se abstenga. Si alguno de los dos va al ‘no’, el decreto quedaría sentenciado.
El decreto del alquiler, muy en duda
Tanto Bildu como Podemos han expresado su pesar por la forma en la que se ha gestionado el decreto del alquiler. Sumar peleó para su aprobación, pero el PSOE se plantó a la hora de exigir dos textos diferentes para no poner en riesgo el paquete de 5.000 millones. Este decreto cuenta con menos apoyos de salida que el anterior: 166. El PNV ha dicho que “analizará” el texto, y Junts ni siquiera lo menciona en la nota de prensa remitida para informar del apoyo al decreto de Irán.
El PP ya anunció su voto en contra al “decreto de izquierdas”, y nadie cuenta con que Vox pueda apoyarlo, pese a que intenta teatralizar un impostado interés por los problemas en el acceso a la vivienda con el ascenso del diputado Carlos Hernández Quero.
La prórroga de los contratos de alquiler es un empeño de Sumar y la izquierda parlamentaria desde el pasado mes de octubre. Entonces, los ministros del socio minoritario escenificaron un bloque común para reclamar al PSOE un “plan de intervención urgente” que incluyera esta medida, con una duración de tres años, frente a los dos aprobados finalmente en el Consejo de Ministros de este viernes.
Según los datos del Ministerio de Consumo, esto beneficiaría solo este año a unos 600.000 contratos que se firmaron en 2021, a precios más asequibles, y que, en palabras del ministro Bustinduy, podrían ver incrementados sus alquileres “en un 30, 40 o 50%”. Este mismo departamento estima que en 2027 podrían renovarse otros 400,000 contratos más.
El PSOE consideró que esta medida podía ser inconstitucional y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, llegó a hablar de “un informe del Abogado del Estado que no le da la seguridad jurídica necesaria que tiene que tener una medida de este calado”.
Con la guerra en Irán y la necesidad de plantear un escudo anticrisis, Sumar vio una nueva vía para presionar con la prórroga, una herramienta que ya se aplicó en repetidas ocasiones tras la invasión rusa de Ucrania y en un contexto de crisis inflacionista como el que ahora se intenta impedir. Este viernes, Sánchez reconoció que “ha habido momentos donde el ala socialista ha considerado que no había razones que justificaran la prórroga de estas medidas excepcionales”. “Pero nos ha sobrevenido una nueva guerra”, concedió.
El conflicto entre los socios empezó a escalar ante el rechazo del ala socialista a incorporar cuestiones relacionadas con la vivienda en el decreto. El problema es la negativa de Junts, PP y Vox a apoyar iniciativas en este sentido en el Congreso, como ya ocurrió por dos veces con la moratoria de la prohibición de desahucios a familias vulnerables.
Los aliados del Gobierno más a la izquierda, como ERC, Bildu, Podemos y BNG, han reclamado en los últimos días la prórroga de los contratos y la prohibición de los desahucios a vulnerables, entre otras, en el paquete de medidas de este viernes. Uno de los argumentos de base de los defensores de estas medidas es que si es más caro el carburante, los alimentos o la luz, las familias tendrán menos recursos para afrontar el pago de la renta, sobre todo si esta sube.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, llegó a deslizar que los socios trataban de “confundir con ambición partidista a los ciudadanos”. Se lo dijo a la senadora de ERC Sara Bailac, que en la última sesión de control al Gobierno defendió que “no se entendería que estas medidas excepcionales que va a aprobar el Gobierno dejasen fuera medidas de vivienda”. “No confunda a la ciudadanía. Nosotros queremos el escudo social, propusimos el escudo social y votamos el escudo social. Fueron otros grupos los que lo tumbaron, pero no podemos hacer magia y cambiar la aritmética parlamentaria”, respondió la ministra.
El Ejecutivo tiene cuatro semanas por delante para tratar de hacer esa magia. “Somos conscientes de que no existe una mayoría parlamentaria para poder convalidarlo [el decreto], pero no por ello el Gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía”, afirmó Sánchez, quien se comprometió a “seguir negociando con los grupos y sacarlo adelante”.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, cara visible de la batalla por la prórroga frente a Vivienda, movió ya el foco del PSOE a Junts: “Tenemos un mes para conseguir toda la fuerza social, la movilización, para que en esa votación se vea claramente quién está a favor de proteger a millones de personas, alas que les va la vida en ello, y quién está defendiendo otro tipo de intereses”.
