Los cuestionamientos de que ha sido objeto la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a raíz de las confusas versiones que existen respecto de las razones que llevaron a solicitar la renuncia de la exjefa de inteligencia de la PDI Consuelo Peña -tercera en la línea del alto mando, y que por su extensa trayectoria incluso contaba con el potencial para llegar a ser la primera mujer en ocupar la dirección general- han abierto un delicado flanco para el gobierno del Presidente José Antonio Kast, todo lo cual desde luego ha impedido que en este tiempo se haya podido desplegar una agenda en materia de seguridad, uno de los ejes centrales de su mandato.
Apenas asumida en el cargo, la ministra solicitó antecedentes pormenorizados a la PDI para indagar sobre las razones que tuvo la exjefa de inteligencia para ordenar el traslado de cuatro funcionarios a distintas zonas del país, quienes eran cercanos a Steinert en los tiempos que se desempeñó como fiscal regional en la zona norte. El oficio fue respondido por la funcionaria, explicando las razones, y llamó la atención que respecto de un subprefecto señalara que este presentaba algunos problemas de competencia para el cargo en dicha zona. Lo cierto es que apenas recibida la respuesta se cursa la renuncia de Peña, ante lo cual la versión de Steinert es que ello se trató de una decisión que adoptó el propio director de la PDI, Eduardo Cerna, y que ella no tiene “rencillas con nadie”. Dicha versión fue respaldada esta semana por el propio Presiente Kast, trasladando así la responsabilidad a Cerna, quien este lunes deberá comparecer ante una comisión del Congreso para ahondar sobre este hecho, donde sectores de oposición siguen manteniendo dudas acerca de la neutralidad de Steinert en este caso.
Llama profundamente la atención que transcurridas más de tres semanas desde que la funcionaria de la PDI fuera removida todavía no haya sido posible despejar en forma clara y definitiva las razones de esta abrupta decisión, dejando en el aire una serie de interrogantes, abriendo con ello todo tipo de suspicacias, especialmente si pudo haber habido presiones desde la propia ministra de Seguridad para forzar su salida, lo que exigen su pronta aclaración.
Desde luego, si fue una decisión que adoptó el propio director de la PDI, no deja de ser llamativo que ello tenga lugar cuando apenas en septiembre pasado él mismo confirmó el nuevo alto mando de la PDI, incluyendo a Peña en el estratégico cargo de jefa de inteligencia. Es por tanto relevante despejar en qué momento Cerna tomó conocimiento de los antecedentes que justificaron su remoción, los que aún no se conocen, pero respecto de los cuales cabe suponer que deberían ser lo suficientemente comprometedores si es que dieron pie a su baja. Por cierto sería grave que si al momento de su designación ya había antecedentes que cuestionaban su designación, Cerna no hubiese estado al tanto de ello, y si tenía indicios de ello, debe entonces aclarar por qué igualmente la promovió y solo recién ahora estos se dan a conocer. Pero si son antecedentes que surgieron ahora último y son comprometedores, entonces también llama la atención que la salida de la funcionaria haya sido tan en sigilo, sin que hasta el momento se haya aclarado por qué no se ha estimado necesario entregar los antecedentes a la Fiscalía para indagar posibles responsabilidades penales. Ahora bien, de no haber de por medio graves irregularidades, entonces sigue en pie la duda de por qué se tomó tan drástica decisión de sacar a una funcionaria con 30 años de carrera.
El gobierno tampoco puede pretender eximirse de sus propias responsabilidades y pretender trasladar todo el peso al jefe de la PDI. Desde luego, cabe aclarar las razones de por qué la ministra Steinert mostró tanto interés en el caso de la ex directora de inteligencia, en tanto que la Contraloría indaga si es que acaso la secretaria de Estado se extralimitó en sus facultades legales para requerir información pormenorizada. Todo esto también ha terminado repercutiendo en el propio Presidente de la República, considerando que el respectivo decreto de remoción tuvo que tener su firma. Eso finalmente también lo hace responsable de las decisiones que se adoptaron en la PDI, y tratándose de una funcionaria de tan alto perfil y en un cargo clave, una de las dudas que surgen es si el jefe de Estado indagó a fondo sobre las razones que llevaron a la pérdida de confianza o si fue debidamente informado de estas, de modo de asegurarse de cursar una baja debidamente fundamentada.
El Presidente ha sido algo evasivo respecto de este punto, mencionando que su relación con los ministros es “bastante directa y fluida, pero lo que yo he aprendido es que uno tiene que dejar que los equipos trabajen, que los equipos tomen las medidas necesarias para que se vaya desarrollando un buen trabajo”. Si bien es razonable que el jefe de Estado delegue en sus ministros una serie de responsabilidades, si es que un acto debe llevar la firma del Mandatario entonces hay un aspecto indelegable en cuanto a hacer las preguntas del caso ante la responsabilidad que se está asumiendo, más aún si como en este caso se refiere a la remoción de un cargo clave en la PDI, algo que para el Mandatario no podría resultar indiferente, y cuando él ha dado pleno crédito a la versión que ha sostenido la ministra de Seguridad.
De allí que frente a este cúmulo de dudas y suspicacias que se han acumulado en estas semanas es bienvenido que el director de la PDI concurra al Congreso, ante lo que cabe esperar que sea la instancia para que las razones que llevaron a la baja de la exfuncionaria policial se despejen en forma definitiva.
