La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), institución privada vinculada al Ministerio de la Mujer, ha estado bajo la lupa en los últimos días, luego de que la nueva ministra de la cartera, Judith Marín, definiera la revisión de su frágil situación financiera como uno de sus énfasis iniciales.
A días de haber asumido, la nueva secretaria de Estado recibió un informe de traspaso que daba cuenta de un déficit de $ 1.501 millones. Eso sí, esta situación no es nueva, la exjefa del ministerio, Antonia Orellana, ya le había advertido de esta situación e incluso había tomado varias medidas, entre ellas, acudir a la Contraloría para esclarecer los criterios administrativos que habían llevado al organismo a estos problemas financieros.
En ese contexto, Marín se reunió está mañana con la contralora Dorothy Pérez. A la instancia también asistió la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Daniela Castro, y los equipos jurídicos de ambas.
Según conocedores de la reunión, esta duró cerca de una hora y se revisaron varios temas, como la deuda de arrastre, la situación actual de la fundación y también los sueldos.
Y es que, aunque ya terminó marzo, cerca de 400 funcionarios no han recibido el sueldo de ese mes debido a una traba administrativa en el convenio vigente entre Prodemu y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), que aún se encuentra en proceso de toma de razón en la Contraloría.
Si bien la fundación cuenta con un presupuesto asignado por ley superior a los $10 mil millones para este año, desde el servicio se ha condicionado la transferencia de esos recursos a la devolución previa de gastos rechazados, lo que ha impedido el flujo de fondos necesario para cubrir las remuneraciones. Sin embargo, y de acuerdo a los funcionarios, se puede apurar con gestiones en el ente fiscalizador.
Ese sentido, la titular de Mujer comentó tras la cita que “me he reunido con la contralora para analizar la situación que hoy golpea a Prodemu, a sus funcionarios y también a quienes acceden a sus programas, porque es urgente contar con lineamientos conjuntos para abordar una materia tan compleja y que conocimos en el traspaso de mando. Entre 2023 y la fecha, Prodemu ha tenido un deterioro progresivo y de arrastre en su situación financiera, producto de decisiones adoptadas por la administración anterior”.
También detalló que “esta semana nos reunimos con el directorio, hemos estado en contacto con los representantes de los trabajadores y ahora con la Contraloría, porque se requieren acciones rápidas que nos permitan sortear el contexto actual con soluciones responsables para este difícil escenario de déficit de más de 1.500 millones de pesos”.
El déficit de Prodemu
En palabras simples, esto se originó luego de que la Contraloría General de la República de Chile modificara su interpretación respecto de qué gastos en personal pueden ser financiados con transferencias, excluyendo beneficios pactados en convenios colectivos que históricamente eran cubiertos.
Así, la situación financiera actual es derivada de un aumento de gastos rechazados, a lo que se suma una deuda de arrastre desde 2017 y nuevas obligaciones laborales adquiridas sin respaldo presupuestario.
Por eso, hace unos días atrás, que le extitular de Mujer afirmó a La Tercera que “precisamente para resolver el origen del déficit que hace un año le pedimos pronunciamiento a Contraloría sobre cómo rendir los convenios colectivos, que son obligaciones legales, pero no tuvimos respuesta durante 2025. A la nueva administración le corresponde gestionar en base a lo que responda la contralora: si la respuesta es negativa, la opción es un proyecto de ley”.
El pasado 30 de abril, Marín recibió un nuevo informe de auditoría interna que confirma, una vez más, que Prodemu tiene una estructura de costos insostenibles y compromisos financieros que superan ampliamente su capacidad de generación de ingresos
“La situación descrita no solo compromete la continuidad operativa de la Fundación, sino que además tiene un impacto social significativo, en tanto pone en riesgo la estabilidad laboral de aproximadamente 380 trabajadores y la seguridad económica de sus familias, quienes enfrentan actualmente un escenario de incertidumbre respecto del pago de sus remuneraciones y la continuidad de sus funciones”, concluye el documento.
