Tras ser sancionada la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional (AN) y ser promulgada por el Ejecutivo encargado el mismo día (19 de febrero), la comisión especial designada para hacer seguimiento al cumplimiento del instrumento legal fue instalada este viernes en el Palacio Federal Legislativo, con el diputado (Psuv) Jorge Arreaza en la presidencia y la diputada Nora Bracho (UNT) en la vicepresidencia.
El hecho fue destacado por el Grupo Parlamentario Libertad en rueda de prensa, para prometer que los casos y hechos no incluidos en la amnistía serán abordados por dicha comisión, por lo que se espera que más celdas se abran para los presos políticos.
“Hoy se instaló la comisión especial para el seguimiento de la ley y revisar hechos que no estén contemplados en la ley, como la amnistía laboral, empleados de la CVG (Corporación Venezolana de Guayana), de Corpoelec, de Pdvsa, personas que por poner un tuit han sido privadas de libertad con la Ley Contra el Odio, haremos el trabajo que se necesita”, aseguró Bracho, desde la sede del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en Caracas.
Indicó que la instancia se dividirá en grupos para áreas específicas para la evaluación de los casos y, cuando se identifique uno que no corresponda a presos políticos, será enviado a la Comisión de Política Interior para su estudio. Recalcó que el trabajo estará dirigido a darle “celeridad” al cumplimiento de la ley.
“Días importantes”
La también vicepresidenta de UNT en el estado Zulia reiteró lo dicho antes de la aprobación de la ley en el hemiciclo de sesiones ante las múltiples críticas por el carácter excluyente de la normativa: “No es una ley perfecta, pero es el inicio”.
“A partir de hoy, el que esté preso, detenido o el que tenga alguna causa puede dirigirse al juzgado donde llevan su caso, con su abogado de confianza e introducir una solicitud para ser amnistiado. Esta ley representa el inicio de ese trabajo de reconstrucción, del encuentro, de la paz. No hay leyes perfectas y que puedan cambiar 27 años de lo que ha sucedido”, dijo.
Atribuyó a la sanción del instrumento legal las liberaciones plenas decididas a favor de los dirigentes políticos, Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano, y dijo estar segura de que más celdas serán abiertas en los próximos días.
“Hoy y este fin de semana serán días importantes para los presos políticos”, acotó.
Bracho reconoció que el tema de los militares que están excluidos de la ley, por ejemplo, los involucrados en el intento de insurrección del 30 de abril de 2019, convocado por opositores como Juan Guaidó y Leopoldo López (según el artículo 8), y quienes fueron implicados en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018; “es bastante álgido”, así como el de los exiliados políticos.
“El tema de los militares es bastante específico y álgido y obedece a leyes especiales. Es importante que vayamos con delicadeza sobre este tema. Hay que ir paso a paso, atendiendo los temas; hay muchos”, advirtió.
“No es un perdón”
Stalin González, jefe del Grupo Parlamentario Libertad, que agrupa a UNT, Unión y Cambio y Lápiz, pidió no dejarse confundir por la narrativa del chavismo en torno a la aprobación del instrumento legal.
“No es un perdón, la amnistía es la capacidad del Estado de renunciar a la acción penal; lo del perdón es la narrativa del gobierno. Dijo que fue una iniciativa de Delcy Rodríguez, pero la oposición la ha demandado durante años, así que no es una iniciativa del Ejecutivo. La AN tiene como potestad decretar amnistía, la persona va al tribunal, hace la solicitud, el juez declara si está entre los hechos amnistiables y se extingue el proceso penal, se borran los registros, la persona no tiene que reconocer nada”, sostuvo.
También consideró un logro que las ONG y familiares de los presos políticos pudieran acudir a la AN para hacer sus observaciones y propuestas a la ley, aunque la mayoría de los planteamientos no fueran tomados en cuenta. Aseguró que “escuchar” sigue siendo el espíritu y que el artículo 15 permite que la comisión invite a más actores, tanto nacionales como internacionales, para hacer el seguimiento a la ley, bajo la figura de la asesoría.
Mencionó que propusieron en la redacción que se incluyera la invitación expresa a organismos internacionales que protegen DD. HH. a la Comisión, pero no fue incluido.
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