Pachuca.- Activistas de Hidalgo lamentan la pretensión del diputado José Luis Rodríguez de eliminar del marco jurídico el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, lo que pondría en riesgo a 40 mil menores en la entidad.
De acuerdo con la organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, la iniciativa presentada por el diputado morenista José Luis Rodríguez Higareda para eliminar del Código el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, bajo el argumento de una armonización legislativa para evitar duplicidad con la Ley General en materia de trata de personas, carece de un análisis sobre la realidad que enfrentan las infancias en el país.
Acusaron que, aparentemente, el diputado busca fortalecer el principio del interés superior de la niñez; sin embargo, esto solo demuestra que no han entendido que el reclutamiento se extiende más allá de la trata, pues la utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos es una de las formas más graves de violencia y debe ser reconocida con autonomía legal.
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De esta manera, advirtieron que al derogar este delito a nivel local se invisibiliza una problemática que, según estimaciones, pone en riesgo a entre 145 mil y 250 mil menores en todo el país, y en Hidalgo al menos a 40 mil.
Eliminar la tipificación local generará un vacío que deja a las infancias de esta entidad en mayor vulnerabilidad. Recordaron que México aún carece de un marco jurídico que atienda y prevenga específicamente el reclutamiento.
Asimismo, señalaron que el Comité de los Derechos del Niño ha exhortado al Estado mexicano a tipificar de manera “explícita” el reclutamiento infantil para evitar su utilización por grupos armados; de esta manera, derogar este tipo penal contraviene dichas recomendaciones.
Ante ello, exigieron frenar el proceso de derogación hasta que se realice un análisis técnico con expertos en derechos de la infancia y organizaciones de la sociedad civil. También pidieron abrir un parlamento abierto para discutir si la armonización legislativa es adecuada o si, en su lugar, se debe fortalecer el tipo penal local para hacerlo compatible con la ley federal y reconocer el reclutamiento como una forma de explotación específica que requiere mecanismos de prevención.
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