Caracas (AP).- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó una ley que abrirá el sector petrolero del país a la privatización, revirtiendo un principio del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado el país durante más de dos décadas.
Los legisladores de la Asamblea Nacional del país aprobaron la reforma de la ley de la industria energética más temprano ese mismo día, menos de un mes después de la descarada captura del entonces presidente Nicolás Maduro en un ataque militar estadounidense en la capital de Venezuela.
Mientras se aprobaba el proyecto de ley, el Departamento del Tesoro de EE. UU. comenzó oficialmente a flexibilizar las sanciones al petróleo venezolano que en su día paralizaron la industria y amplió la capacidad de las empresas energéticas estadounidenses para operar en el país sudamericano, el primer paso de los planes delineados por el secretario de Estado, Marco Rubio, el día anterior.
La autorización de la licencia por parte del Departamento del Tesoro prohíbe estrictamente las transacciones a entidades de China, Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.
Las medidas adoptadas por ambos gobiernos el jueves están allanando el camino para otro cambio geopolítico y económico radical en Venezuela.
“Hablamos del futuro. Hablamos del país que les daremos a nuestros hijos”, dijo Rodríguez.
Rodríguez propuso los cambios días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que su administración tomaría el control de las exportaciones petroleras de Venezuela y revitalizaría la industria en crisis atrayendo inversión extranjera .
Las empresas privadas controlarán la producción petrolera La legislación promete dar a las empresas privadas control sobre la producción y venta de petróleo y permitir el arbitraje independiente de las disputas.
El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al volátil país. Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
La ley revisada modificaría los impuestos a la extracción, estableciendo una tasa máxima de regalías del 30% y permitiendo al poder ejecutivo fijar porcentajes para cada proyecto en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad y otros factores.
También elimina la obligación de que las disputas se resuelvan exclusivamente en los tribunales venezolanos, controlados por el partido gobernante. Los inversionistas extranjeros han considerado desde hace tiempo la participación de tribunales independientes como crucial para protegerse contra futuras expropiaciones.
Cambiará la economía de Venezuela El diputado oficialista Orlando Camacho, presidente de la comisión de petróleo de la asamblea, dijo que la reforma “cambiará la economía del país”.
Mientras tanto, el diputado opositor Antonio Ecarri instó a la asamblea a incorporar disposiciones de transparencia y rendición de cuentas a la ley, incluyendo la creación de un sitio web para hacer pública la financiación y otra información. Señaló que la actual falta de supervisión ha propiciado una corrupción sistémica y argumentó que estas disposiciones también pueden considerarse garantías judiciales.
Esas garantías se encuentran entre los cambios clave que buscan los inversores extranjeros al considerar ingresar al mercado venezolano.
“Dejemos que la luz brille en la industria petrolera”, dijo Ecarri.
La ley fue modificada por última vez hace dos décadas, cuando el mentor y predecesor de Maduro , el fallecido Hugo Chávez, hizo del fuerte control estatal sobre la industria petrolera un pilar de su revolución de inspiración socialista.
En los primeros años de su mandato, una ganancia inesperada de petrodólares gracias a los precios mundiales del petróleo en niveles récord convirtió a PDVSA en la principal fuente de ingresos del gobierno y en la columna vertebral de la economía de Venezuela.
Los cambios que Chávez introdujo en 2006 a la ley de hidrocarburos exigieron que PDVSA fuera el principal accionista en todos los grandes proyectos petroleros.
Al romper los contratos que firmaron empresas extranjeras en la década de 1990, Chávez nacionalizó enormes activos de empresas estadounidenses y occidentales que se negaron a cumplir, como ExxonMobil y ConocoPhillips. Estas aún esperan recibir miles de millones de dólares en laudos arbitrales.
A partir de aquellos días de vertiginosos gastos estatales, la suerte de PDVSA cambió —junto con la del país— a medida que los precios del petróleo caían y la mala gestión gubernamental erosionaba las ganancias y perjudicaba la producción, primero bajo Chávez y luego bajo Maduro.
La nación que alberga las mayores reservas probadas de crudo del mundo atravesó una grave crisis económica que obligó a más de siete millones de venezolanos a huir desde 2014. Las sanciones impuestas por sucesivas administraciones estadounidenses paralizaron aún más la industria petrolera.
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