Durante el mes de febrero, estaremos abordando en nuestra columna el régimen de sanciones previsto en la nueva Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, tanto para los funcionarios públicos como para los proveedores del Estado. Iniciamos esta serie con las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos, en particular a aquellos que participan directa o indirectamente en la toma de decisiones dentro de los procesos de contratación: encargados de unidades de compras, miembros de comités de compras y contrataciones, peritos, evaluadores y demás funcionarios con poder de incidencia en una institución pública.
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