Este miércoles fue publicada en el Diario Oficial la Ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que establece la creación de la Política Nacional de Convivencia Educativa y abre la posibilidad de utilizar recursos tecnológicos, como detectores de metales, en establecimientos educacionales bajo determinadas condiciones.
La normativa llega tras semanas marcadas por hechos de violencia escolar en el país, entre ellos el asesinato de una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama -que dejó además cuatro personas heridas-, ataques en el Liceo Lastarria de Santiago y casos de estudiantes sorprendidos con armas en colegios de ciudades como Curicó, Rancagua y Angol.
Para adoptar medidas como cámaras o detectores de metales deberán existir antecedentes que justifiquen su uso, contar con el acuerdo de la comunidad educativa o consejo escolar y la elaboración de un protocolo interno por parte del sostenedor del establecimiento, el que deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Educación con un informe técnico previo del Ministerio de Seguridad.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que el Gobierno trabaja en el reglamento que permitirá aplicar la ley y facilitar que los colegios que lo estimen puedan implementar estas herramientas.
"Esto no es una obligación de los colegios, sino que aquellos que tienen razones para hacerlo y el acuerdo de su comunidad educativa, que puedan instalar pórticos u otros artefactos que les permitan tener mayor seguridad", indicó.
No obstante, la secretaria de Estado advirtió que la normativa por sí sola no resolverá la violencia escolar y que el Ejecutivo evalúa otras iniciativas, entre ellas "agravar las sanciones por delitos cometidos al interior de establecimientos" y permitir la revisión de mochilas, lo que requeriría cambios legales.
La ley también contempla la elaboración de un plan de acción nacional en la materia y establece la obligación de que todos los establecimientos cuenten con un coordinador de convivencia.
Desde el mundo académico y exautoridades también surgieron cuestionamientos. El exministro de Educación Harald Beyer (Evópoli) afirmó que la normativa podría tener un alcance limitado: "Creo que la ley de convivencia escolar, tal como está redactada, va a ayudar poco, es muy burocrática y tiene una serie de pasos que hay que dar", sostuvo.
En la misma línea, el también exministro Raúl Figueroa (IND) advirtió que la normativa impone nuevas obligaciones a los establecimientos sin asegurar recursos suficientes. "Lo que ocurre con esta ley es que impone nuevas obligaciones a las comunidades escolares y no les entrega recursos para poder cumplirla a cabalidad", señaló.
