La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Municipalidad de Linares, liderada por el alcalde Mario Meza, a recuperar los dineros pagados a un funcionario que estuvo en prisión preventiva.
De acuerdo a La Tercera, la determinación se dio luego de establecer que las remuneraciones no se ajustaron con la legislación vigente, tras una denuncia que activó los procesos de fiscalización, que requirió la entrega de antecedentes y liquidaciones de John Sancho Bichet, quien se desempeñaba como administrador municipal de Linares.
El funcionario fue formalizado por fraude al fisco reiterado en una causa por la compra de distintos insumos por casi 140 millones vía trato directo. En la que también fue formalizado el jefe comunal y otros funcionarios.
Sancho estuvo sometido a la medida cautelar de prisión preventiva y luego fue reemplazada por un arresto domiciliario total.
En ese sentido, la Contraloría apuntó que "el artículo 69 de la ley Nº 18.883, expresa que por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado, no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias o permisos con goce de remuneraciones".
"Si un empleado ha sido privado de libertad durante un juicio criminal, y por ello falta al servicio, no puede percibir remuneración, pudiendo solamente recibir el pago de las sumas retenidas si el proceso penal termina por absolución o sobreseimiento definitivo, ya que en estos casos debe estimarse que el servidor ha estado impedido para desempeñarse", afirmó la resolución.
Igualmente, se cuestionó la entrega de feriados legales autorizados por el municipio y la presentación de una posterior licencia médica.
En ese marco, la CGR determinó que la Municipalidad de Linares deberá "gestionar el reintegro de las sumas indebidamente percibidas por el señor Sancho Bichet, por concepto de los beneficios pecuniarios a que se ha hecho mención precedentemente".
El organismo solicitó remitir la información en un plazo de 15 días hábiles para concretar la medida. Asimismo, se instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades por los pagos realizados al funcionario, para lo que fijó el mismo plazo.
