Si bien en política exterior y defensa los dos irreconciliables bandos políticos polacos han logrado un consenso de Estado, en la política interna la lucha se recrudece. El presidente Karol Nawrocki , ultraderechista, ha anunciado su bloqueo a un proyecto central de la legislatura del primer ministro liberal Donald Tusk, la reforma del Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS), con la que pretendía «restaurar su independencia». La ley es «claramente inconstitucional» y podría ser «utilizada para excluir jueces a los que el Gobierno actual teme», ha justificado Nawrocki. El presidente polaco alega que «la ley introduce la segregación de los jueces y pone el sistema judicial en manos de un grupo de interés político».Fue el partido nacional-conservador Ley y Justicia (PiS), que estuvo en el poder hasta 2023 y que apoyó la candidatura presidencial de Nawrocki, el que reformó el Consejo Nacional del Poder Judicial para que los jueces no fueran nombrados predominantemente por sus colegas de carrera, sino elegidos por el Parlamento. Los cambios habían provocado tensiones con la UE , el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que habían denunciado que la independencia judicial se veía afectada. El veto de Nawrocki amenaza ahora de muerte la principal promesa electoral de Tusk e intenta desviar la reforma hacia su propia propuesta.«En relación con la progresiva desintegración del sistema judicial, presento mi propio proyecto de ley», ha dicho Nawrocki. Sin develar los detalles, ha adelantado que se basa en tres principios: la imparcialidad de los jueces, la irrefutabilidad de las sentencias y la confirmación del estatus de los jueces debidamente nombrados, con el objetivo de «lograr estabilidad y acortar el tiempo del proceso». También ha dejado claro que, «si el Gobierno no está preparado para el diálogo», acudirá a «la nación con una petición de referéndum sobre la restauración de la normalidad en el funcionamiento de los tribunales». En Polonia, un veto del presidente solo puede ser anulado por una mayoría de más del 60 por ciento de los votos en el Parlamento y el Gobierno de Tusk no cuenta con tal mayoría.Noticia relacionada No No Los jueces denuncian ante Europa que las reformas de Bolaños no han ido acompañadas de mejoras estructurales Nati VillanuevaEn su discurso inaugural en agosto del año pasado, Nawrocki criticó duramente al poder judicial e insistió en que «los jueces no son dioses, deben servir a los ciudadanos». Además, advirtió que no promovería a «jueces que socaven el sistema legal polaco». Seguidor declarado de Trump y euroescéptico acérrimo, Nawrocki pidió también una constitución completamente nueva para 2030, que debería surgir de una «discusión nacional y honesta».Ahora, en una grabación publicada en la red social X, Nawrocki ha explicado que, «como presidente de la República de Polonia, tengo el deber de defender la Constitución y velar por los intereses de los ciudadanos. La Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial no cumple este objetivo, e incluso lo contradice». Según ha argumentado, «los delincuentes comunes se beneficiarían de este lío» y «por eso he decidido vetarlo: significaría incertidumbre para millones de casos y un golpe para la seguridad de los polacos».Refuerzo de la confrontación con BruselasBruselas albergaba la esperanza de que los jueces nombrados por el nuevo procedimiento fueran más afines a las instituciones y los tribunales europeos. Pero Nawrocki acusa a la ley de «introducir en realidad una nueva etapa de caos y abrir el camino a la influencia política sobre los jueces», bajo el lema de «restaurar el Estado de derecho». En su opinión, los jueces quedarían «en manos de un grupo de interés político».Todo apunta a que las posiciones polacas seguirán retando a la UE . Nawrocki ha advertido además que una de las disposiciones previstas en la ley permitiría «revocar sus sentencias», y ha recordado a los autores de la ley que «el nombramiento de jueces es prerrogativa constitucional y exclusiva del presidente. No está sujeto a verificación por parte del Gobierno ni del ministro». Este veto se presenta «ciegamente, para hacer daño», ha sido la reacción de Tusk, quien ha respondido que «este no es el presidente de los asuntos polacos». El bloqueo paraliza la resolución aprobada por el Congreso (Sejm) el 23 de enero y cinco días después por el Senado sin enmiendas. Según los supuestos principales del reglamento, 15 jueces miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial serían escogidos en elecciones directas y secretas organizadas por la Comisión Estatal Electoral de todos los jueces, y no, como antes, por el Congreso. Según el Ministerio de Justicia, el objetivo es privar a los políticos de su influencia en el Consejo y entregarla a la comunidad judicial, que es restaurar su independencia.
