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La aplicación inmediata de la Ley 98-25, que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20), ha intensificado las preocupaciones del sector industrial dominicano, que alerta sobre impactos operativos, comerciales y de abastecimiento derivados, especialmente, de la prohibición a la importación de tapas plásticas sin certificación de biodegradabilidad.
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