En América Latina, la figura de los adolescentes infractores de la ley se ha convertido en un tema recurrente del debate público, aunque no siempre abordado con la profundidad que amerita. Más allá de las actividades delictivas, su participación en hechos ilícitos revela una problemática estructural donde confluyen algunas de las fibras más sensibles de las sociedades de América. Comprender las causas, los delitos más comunes y la forma en que se evalúa la eficacia de la política criminal en la región resultaría de suma importancia para el presente y futuro.
En este contexto, las razones de la delincuencia juvenil son múltiples y acumulativas. La deserción escolar y la fragmentación familiar generan escenarios de alta vulnerabilidad. En muchos entornos, el adolescente crece en contextos donde la violencia se normaliza y el delito aparece como una vía rápida de subsistencia, reconocimiento o pertenencia. A este cuadro se suma el impacto del mundo virtual, que expone a los jóvenes a narrativas que glorifican la transgresión de la ley, el dinero fácil y la violencia como símbolos de estatus social.
La criminóloga y docente Dra. María Salazar, especialista en justicia juvenil y asesora para varios países de América Latina, sostiene que: “La violencia juvenil no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de fallas estructurales profundas: exclusión educativa, descuido familiar y el acompañamiento de parientes con antecedentes judiciales, factores que mantienen al adolescente expuesto a un futuro delictivo. Los sistemas que solo castigan sin rehabilitar terminan reforzando la criminalidad, especialmente en esta etapa de la vida.”
En la región, los adolescentes infractores suelen iniciarse en delitos de baja y mediana lesividad, aunque con elevado impacto social. Entre los más frecuentes se encuentran el hurto, el robo simple y agravado, los asaltos, la falsificación, el microtráfico de drogas, el porte de arma de fuego, la participación en pandillas, y la explotación infantil. En contextos específicos, también se registran homicidios, generalmente asociados a riñas, disputas territoriales o estructuras criminales. En los últimos años se observa, además, una creciente participación en delitos digitales, como estafas electrónicas básicas, suplantación de identidad y extorsión a través de redes sociales.
Desde un punto de vista jurídico y normativo, la mayoría de los Estados latinoamericanos dispone de leyes e instituciones orientadas al abordaje de la justicia penal juvenil, sin embargo, estas estructuras suelen ser limitadas y reactivas. Enfrentan carencias de recursos y falta de capacitación continua para comprender las nuevas tendencias delictivas y los patrones psicológicos de los adolescentes infractores. Esta debilidad se traduce en investigaciones poco profundas, baja tasa de judicialización y una percepción de impunidad que favorece la reincidencia. Observatorios regionales de seguridad pública, sitúan a México, Colombia y Venezuela entre los países con mayor participación de adolescentes en hechos delictivos, una problemática que continúa en ascenso.
Las estadísticas cuantitativas y cualitativas revelan que la región presenta importantes déficits en la etapa de ejecución de la sanción penal. Aunque la justicia juvenil se fundamenta en principios de educación y reinserción social, muchos centros de internamiento carecen de programas educativos efectivos, atención psicológica permanente y formación para el trabajo en su adultes. En lugar de rehabilitar, estos espacios terminan reproduciendo dinámicas de violencia y criminalidad, convirtiéndose en una verdadera antesala de la delincuencia adulta.
En materia de justicia restaurativa, la víctima suele quedar en una posición secundaria dentro del sistema judicial juvenil. En la todos los casos, el adolescente infractor no tiene capacidad económica para reparar el daño y los Estados carecen de mecanismos sólidos de compensación, trasladando la carga a la familia. La ausencia de programas restaurativos debilita la confianza ciudadana en el sistema penal.
Las pandillas continúan siendo espacios de socialización criminal para miles de adolescentes, ofreciendo identidad, protección y sentido de pertenencia allí, en las zonas donde los Estados son más débiles o inexistente. A este fenómeno se suma el impacto de los retos o challenges difundidos por redes sociales, que incentivan conductas delictivas, violentas o autolesivas como forma de validación social. La convergencia entre criminalidad tradicional y entorno digital plantea nuevos desafíos para la prevención y el control.
Por último, la problemática de los adolescentes infractores de la ley no puede resolverse únicamente desde el castigo. Exige una respuesta integral que combine prevención social, educación obligatoria, acompañamiento psicológico y una planificación en la que la seguridad pública y la justicia estén verdaderamente alineada con la reinserción social. Mientras los Estados no asuman que cada niño, niña o adolescente que delinque, es también el reflejo de una falla estructural previa, América Latina seguirá obligada a replantear el abordaje de este fenómeno, con miras de un sistema de seguridad pública proactivo, que actúe antes que se inicie la acción del delito.
Articulo Escrito Por: Lic. Ysaias J. Tamarez,
En fecha: 31/01/2026.
