Santo domingo.- El Ministerio Público afirmó este lunes que, durante la audiencia preliminar del caso, los abogados de la defensa de los procesados Hugo Beras, José Ángel (Jochi) Gómez Canaán y compartes no han podido destruir las pruebas en que se sustenta la acusación presentada en su contra por corrupción administrativa.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), deploró los alegatos de la defensa. “La realidad de la audiencia del día de hoy, es que la defensa no ha podido, con ninguno de sus alegatos, destruir las pruebas de la acusación”, dijo, al responder preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
“Han huido a puntos relevantes de los hechos como son: el uso de documentos falsos para lograr contrataciones con el Estado, el haber cooptado la contratación pública y haberla monopolizado en el Intrant (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre), contratando a través de empresas a nombre de terceras personas con prestanombres, cuando el beneficiario final y último era José Ángel Gómez Cananaán”, detalló.
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“No han podido destruir tampoco las pruebas y los alegatos del Ministerio Público relacionados al uso de nombres de personas que han declarado ante el Ministerio Público y que declararán en este tribunal que no cedieron, ni dieron ni prestaron sus nombres para contratar con el Estado dominicano ni con José Ángel Gómez Cananaán”, añadió Ortiz, quien encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia, el cual además estuvo integrado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar y Arolin Lemos.
“Sobre esos puntos no dijeron nada las defensas. Entonces, evidentemente, que la acusación sigue siendo tan fuerte como el primer día y que nos veremos en el juicio”, subrayó la titular de la Pepca.
El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas, deberá decidir en el proceso sobre el envío a juicio de los acusados como solicitó el Ministerio Público. La audiencia continúa el próximo viernes 27 de marzo.
Por el caso son procesados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán , propietario de Aurix S.A.S.
También, están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, en la acusación fueron incluidos Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las personas jurídicas acusadas son: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
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Durante el proceso el Ministerio Público indicó que en el transcurso de la investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
Se determinó que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
